La diputada Esther Angélica Martínez Cárdenas presentó una iniciativa para reformar el artículo 39 de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de establecer la obligación para que los entes auditables entreguen sus cuentas públicas en original y copia certificada con sus correspondientes respaldos electrónicos.

De manera que los tomos originales sean entregados a la Auditoría Superior del Estado (ASE) a través de la Comisión de Vigilancia, conforme a lo establecido en el artículo 30 fracción primera de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, y en tanto que la copia certificada quede en poder del Congreso del Estado, y en específico en los archivos de los servicios parlamentarios.

“Considero que ésta no es una reforma menor, porque además de que se apoyará a agilizar el proceso de entrega de las cuentas públicas, se mantendrá en todo momento una copia certificada de la información que envíen los entes auditables, recordando que el artículo 54 de la Constitución Política local establece que corresponde al Congreso del Estado originariamente la revisión de las cuentas públicas, no obstante que esta función se realiza a través de la Auditoria Superior del Estado, ya que la fiscalización forma parte de la función democrática de la rendición de cuentas”, explicó la legisladora Martínez Cárdenas. 

La presidenta de la Junta de Coordinación Política de la LXI Legislatura indicó que de acuerdo con el artículo 53 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, se establece que en el segundo periodo de sesiones del Congreso del Estado, éste deberá ocuparse preferentemente del inicio y conclusión de la revisión de las cuentas públicas del Estado, Municipios, organismos descentralizados y  organismos autónomos. 

Este mismo artículo de nuestra Constitución, establece los tiempos de entrega de las cuentas públicas. A la fecha, han debido cumplir con su obligación de presentación de las cuentas públicas, los ayuntamientos,  sus organismos descentralizados y los órganos constitucionalmente autónomos, sostuvo la legisladora. 

La iniciativa de Cárdenas Martínez se turnó a las comisiones de Gobernación; y Vigilancia para su análisis correspondiente.