En sesión de la Diputación Permanente, se dio entrada a las iniciativas de reforma a diversos artículos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí; y de la Ley de Adquisiciones del Estado.

Además, de la iniciativa de modificación de los artículos #|, 31, 32, 36 BIS, 42, 45 y 45 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado; y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Ambas iniciativas presentadas por el Gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López.

En el caso de la iniciativa de reforma a las legislaciones de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y de Adquisiciones del Estado, el Ejecutivo Estatal señala que el propósito es brindar preferencia a los contratistas locales, para generar nuevas cadenas de valor, fortalecer la proveeduría local, la reinversión de recursos y la generación de empleos en el Estado, generando una mayor derrama económica para la Entidad.

Por ello, en ambos ordenamientos se incluyen los conceptos de contratista local y proveedor local, respectivamente, y se reforman y adicionan diversos numerales, para determinar con claridad la preferencia que, en igualdad de circunstancias, las instituciones públicas del Estado y municipios deberán dar en los diversos procesos de contratación a fin de favorecer a los actores, el entorno y el proceso emprendedor local. Esta iniciativa fue turnada para su análisis a las comisiones de Desarrollo Territorial Sustentable y Hacienda del Estado.

Por otra parte, el Ejecutivo del Estado presentó una iniciativa de reforma a los artículos 3°, 31, 32, 36, 42, 45 y 45 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado; y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en relación la Consejería Jurídica, la Contraloría General del Estado, y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Mediante esta reforma, se pretende dotar a la Consejería Jurídica Estatal las atribuciones que su contraparte federal tiene, en particular, la representación legal del Poder Ejecutivo en acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, así como, en general, asumir la defensa de los intereses del Estado, especialmente en los casos en que se vea afectado el interés público.

Las atribuciones antes referidas, han sido ejercidas históricamente por el Procurador General de Justicia, quien en estricto sentido ostenta la representación social, no la del Gobierno; de ahí la necesidad de modificar la Constitución estatal en términos de la iniciativa antes citada, y consecuentemente la de adecuar las leyes secundarias. Así, se pretende que la Consejería se integre expresamente como una dependencia de la Administración Pública Centralizada, dependiente directamente del Gobernador del Estado.

En congruencia, se propone una reforma a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, a fin de modificar la facultad que actualmente se atribuye al Procurador, respecto a la representación jurídica del Ejecutivo Estatal, conservando dicha representación solo para los casos en que se trate de materias de su competencia.

Además, se proponen modificaciones a las atribuciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para dar sustento jurídico y administrativo de tal modo que deje de ser solo una dependencia tramitadora de concesiones y permisos, ejecutora de ajustes tarifarios y sanciones, convirtiéndose en un  organismo promotor del desarrollo y la inversión en este estratégico sector, para atender la problemática de transporte público y superar la falta de servicios de comunicación y redes de conectividad en muchas localidades del medio rural. Esta iniciativa fue turnada para su análisis a las comisiones de Puntos Constitucionales; y Justicia.

En esta misma sesión, el diputado Enrique Flores Flores presentó una iniciativa de reforma a diversos artículos de la Constitución Política del Estado, en materia de Contro de Deuda Pública, la cual fue turnada a las comisiones de Puntos Constitucionales; Hacienda del Estado; Vigilancia, Gobernación; y Primera y Segunda de Hacienda y Desarrollo Municipal.

Se turnó a las Comisiones de Justicia y a la comisión ex profeso, una iniciativa de reforma a diversos artículos del Código Familiar del Estado; y del Código de Procedimientos Civiles, presentada por representantes del Colegio de Abogados de San Luis Potosí, A.C.

A la Comisión del Agua fue turnada una iniciativa de reforma al Decreto Legislativo 131, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 29 de diciembre de 2015, propuesta presentada por el director del INTERAPAS.

Agotados los asuntos pendientes, se citó a sesión de la Diputación Permanente el jueves 14 de enero de 2016 a las 11:00 horas.