Los resultados de los informes de auditoría de las cuentas públicas tanto de los Poderes del Estado, ayuntamientos y de los demás entes auditables deben ser públicas, señaló el diputado Manuel Barrera Guillén.

Por ello, presentó ante el Pleno una iniciativa de reforma a la Ley de la Auditoría Superior del Estado en su artículo 65, a fin de establecer la obligación a este órgano fiscalizador de hacer públicos dichos informes finales de auditoría en un plazo no mayor a diez días hábiles posteriores al de su entrega al Congreso del Estado.

Recordó que de acuerdo a este mismo articulado, se establece como obligación de la Auditoría Superior del Estado el entregar al Congreso del Estado el informe final de auditoría correspondiente a las cuentas públicas de los poderes del Estado, a más tardar el quince de junio del año en que éstas hayan sido presentadas; y los informes relativos a las cuentas públicas de los demás entes auditables, a más tardar el último día de mayo del año de su presentación.

En su exposición de motivos, el legislador señala que la transparencia y rendición de cuentas es un tema  en el que hay que poner énfasis, ya que es un reclamo de la sociedad el conocer el uso de los recursos, por lo cual es importante abrir a la sociedad dicha información.

“La poca difusión de la información generada por el órgano superior de fiscalización, provoca recelo en la ciudadanía, pues en no pocas ocasiones el pueblo llega a enterarse por los periódicos locales o nacionales de malversaciones, fraudes, o destinos ilícitos de los recursos públicos, antes que por el ente fiscalizador”, indica.

“En conclusión, considerando que la Auditoría Superior del Estado es el órgano técnico fiscalizador del Congreso del Estado y que nosotros los Diputados que lo conformamos estamos al servicio de la ciudadanía, debemos sentirnos obligados a tomar la iniciativa para informar clara, continua y oportunamente sin mayores trámites o requisitos”, señala.

Así, la iniciativa propone la adición de un último párrafo en el que se señala la obligación de la Auditoría Superior del Estado para hacer públicos dichos informes, que contendrán los resultados de la revisión de las cuentas públicas, y el apartado correspondiente a la fiscalización y verificación del cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas estatales y municipales, que comprenderá los comentarios y observaciones de los auditados.

Esta iniciativa fue turnada para su análisis a las comisione de Puntos Constitucionales: Gobernación; y, Vigilancia.