La presidenta de la Comisión del Agua de la LXI Legislatura, diputada Graciela Gaitán Díaz, justificó que el Programa de Mejora Integral (MIG) no fue aprobado por la Junta de Gobierno de Interapas, en virtud de que no cumplía con las expectativas para alcanzar un beneficio a más del 70 por ciento de la población y además resultaba imposible que el organismo intermunicipal estuviera obligado a cubrir alrededor de 2 mil 400 millones de pesos para los próximos 12 años.

La legisladora consideró que el replanteamiento que les fue presentado durante la reunión de la Junta de Gobierno de Interapas, sólo planteaba un beneficio para el 60 por ciento de la población, situación que no podía ser aceptada tomando en consideración que no se había una solución integral al problema de agua potable que enfrentan los habitantes de la zona norte de la Capital del Estado.

En este sentido, dijo “no fue aprobado el proyecto MIG, porque finalmente los únicos perjudicados eran los ciudadanos, toda vez que se pretendía endeudar al Interapas por un periodo de 12 años lo que provocaría un serio daño a sus finanzas, esto sin tomar en cuenta que también estaría obligado a cubrir su aportación por la presa El Realito, así como por la operación de la planta tratadora El Morro”.

La diputada Graciela Gaitán, consideró que independientemente de que se perdieran los 400 millones de pesos que serían aportados por el Fondo Nacional de Infraestructura (Fondin), es necesario que el Interapas busque nuevas alternativas que le permitan diseñar un proyecto para impulsar obras que estén a su alcance y con ello se pueda desarrollar el cambio de la infraestructura hidráulica que requiere la zona metropolitana de San Luis Potosí donde se pierde más del 50 por ciento del vital líquido por fugas de las red que ya es obsoleta.

De igual forma, la legislador reconoció que la decisión tomada por la mayoría de los integrantes de la Junta de Gobierno del Interapas, podría originar algunas críticas e incluso un golpeteo en contra del alcalde de la Capital, sin embargo, se debe estar consciente de que el principal objetivo es el de salvaguardar los intereses de los ciudadanos, sin poner en riesgo las finanzas del propio organismo intermunicipal.