Ante las constantes quejas de la ciudadanía por cobros excesivos, condiciones inseguras y falta de regulación de estacionamientos, la diputada Jacquelinn Jáuregui Mendoza, propuso un Punto de Acuerdo para exhortar al Ayuntamiento de San Luis Potosí, así como a la Dirección de Comercio y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipales, para que actúen de manera inmediata y coordinada a respecto.

La legisladora solicita que el ayuntamiento de la capital realice una revisión integral del marco reglamentario aplicable a los estacionamientos públicos y privados de uso público en la capital potosina, a fin de actualizarlo y garantizar que responda a las necesidades actuales de movilidad, seguridad y protección al consumidor.

Que se informe al Congreso cuáles estacionamientos operan actualmente bajo régimen de concesión municipal, así como los criterios utilizados para determinar las condiciones tarifarias aplicables, con el objetivo de transparentar si existen concesiones vigentes, bajo qué condiciones operan y cómo se autorizan los incrementos en los cobros.

Así como sobre las acciones de supervisión, inspección y verificación realizadas respecto de estacionamientos públicos y privados de uso público en el municipio de San Luis Potosí, incluyendo sanciones aplicadas, cumplimiento de medidas de seguridad, seguros contra robo o daños, y emisión de comprobantes.

Jáuregui Mendoza subrayó que los estacionamientos son un servicio de uso diario para miles de ciudadanos que acuden al Centro Histórico y a zonas comerciales, por lo que no puede permitirse que operen sin control, con tarifas discrecionales y sin garantizar la seguridad de los vehículos.

De manera particular, se ha advertido públicamente sobre la existencia de estacionamientos que operan sin ofrecer garantías mínimas para las y los usuarios, aun cuando dichos establecimientos cobran una contraprestación económica por la guarda y resguardo temporal de vehículo

No obstante, actualmente no existe claridad pública suficiente respecto de los criterios utilizados por parte del Ayuntamiento de la Capital para determinar tarifas, las condiciones bajo las cuales operan estacionamientos concesionados, ni sobre la existencia de seguros de responsabilidad civil o mecanismos mínimos de protección para las personas usuarias.

El Punto de Acuerdo fue turnado a la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transportes para su análisis y dictamen.