La titular de la Fiscalía General del Estado, María Manuela García Cazares compareció ante las y los integrantes de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado, en relación a su Informe Anual de Actividades.

En relación a la función de la Fiscalía Especializada en Pueblos y Comunidades Indígenas, ubicada en Tancanhuitz, atiende con agentes del ministerio público, traductores e intérpretes, donde se busca brindar una atención con sensibilidad y empatía, además de que está abierta la convocatoria para captar personal para fortalecer todas estas áreas.

En relación al delito de abigeato, la fiscal señaló que el mayor número de incidencia de este delito se ubica en las zonas media y huasteca, donde existen operativos con grupos de policías de investigación, laborando estos temas.

Pidió se realice una reforma integral en el Código Penal del Estado, en lo relacionado al delito de abigeato, ya que consideró que existen aspectos repetitivos en la norma que pueden dar paso a confusiones.

Además, de que la pena por el delito de abigeato está más sancionado para quien vende los animales o las pieles, que quien lo roba, lo cual debe revisarse.

En lo relacionado a la situación del caso del centro denominado “Rich”, dijo que en el momento de los hechos, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas brindó apoyo a las víctimas lesionadas y los familiares de las personas fallecidas; hasta el momento existen 3 personas detenidas que se encuentran en prisión preventiva, y el plazo de etapa complementaria del proceso que fenece el 22 de diciembre de este año.

Dijo que como Fiscalía llevarán los datos de prueba, de acuerdo a lo que establece el Código Nacional de Procesos Penales, acreditar los delitos y las responsabilidades de quienes intervinieron en ellos, para llevarlos a juicio oral, y posteriormente a una sentencia condenatoria.

Respondió a los cuestionamientos de la legisladora Frinne Azuara Yarzabal, y del diputado Juan Cárlos Bárcenas en relación a los trabajos en mesas de coordinación para la construcción de la paz y seguridad, a lo que la fiscal manifestó que se han realizado más de 500 mesas de trabajo donde se fortalece la colaboración interinstitucional con los diferentes cuerpos de seguridad del estado, municipios y la federación.

Señaló que también es importante la participación en la Conferencia Nacional de Fiscalías, la cual tiene dos reuniones anuales, con una participación importante para la colaboración y atención entre las mismas fiscalías.

El diputado Rubén Guajardo cuestionó sobre la situación que se registró en la zona huasteca, donde un edil retiró a las fuerzas de seguridad de la Guardia Civil, y que el Secretario de Seguridad del Estado manifestó se presentaría la denuncia correspondiente, a lo que la fiscal dijo que se registró la denuncia y se dio trámite a la Fiscalía de Servidores Públicos y actualmente se está requiriendo información y recabando los videos.

En cuanto a la reforma al artículo 21 constitucional federal en materia de seguridad, que recientemente fue aprobada a nivel federal, la fiscal dijo que este tema deberá ser tratado con cuidado, al momento de normar la actuación de la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad, y que el conductor de la investigación sea el ministerio  público.

En relación al fraude en compra de vehículos, principalmente cuando se hacen compras o tratos en línea, y se entregue con reporte de robo, por lo cual se trabaja en una propuesta para que este delito tenga una penalidad mayor.

Dijo que se trabaja en una propuesta para que la Fiscalía ofrezca un certificado sobre la venta de vehículos que dé certeza sobre la unidad que no tenga reporte de robo; además de que se cuente con una pensión gratuita para la entrega de vehículos recuperados, ya que actualmente el propietario tiene que pagar arrastre de grúa y días en pensión, lo que merma su patrimonio.

La diputada Patricia Aradillas cuestionó sobre los apoyos a las víctimas de violencia familiar, a fin de que se promueva la denuncia, a lo cual la fiscal García Cazares manifestó que se cuenta con una Fiscalía Especializada para atender a las víctimas de este delito, donde se busca brindar atención de carácter médico, psicológico y legal, además de brindar medidas de protección inmediatas y se brinda seguimiento.

La diputada Sara Rocha Medina solicitó información en materia de los exámenes de evaluación de control y confianza, por lo cual se fortalece la capacitación para que el personal apruebe sus exámenes de control y confianza, y en constante capacitación.

Dijo que al momento, solamente existe un procedimiento en contra de una persona que no aprobó el examen de control y confianza, y  actualmente, más de 100 servidores públicos forman parte del servicio profesional de carrera de la Fiscalía General del Estado, proceso que concluirá en el mes de diciembre de este año.

En materia de transparencia y rendición de cuentas, la fiscal manifestó que se brinda la información que los particulares solicitan, buscando que la información sea accesible, confiable, veraz y oportuna.

En lo relacionado a la búsqueda de personas, señaló que la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos realiza la investigación sobre las denuncias que se presentan y da seguimiento, brindando atención a las víctimas y sus familias.

De los resultados, señaló que por medio de las investigaciones, se ha logrado la localización de un gran número de personas, y se desarrollan sistemas tecnológicos como escáner para huellas dactilares, y el convenio con el Instituto Nacional Electoral para compartir información de las huellas, principalmente en personas fallecidas.

A pregunta de la diputada Diana Ruelas, la fiscal indicó que actualmente, en lo que va del año se tienen registrados 10 feminicidios, de los cuales 8 ya fueron judicializados, y existen vinculaciones a proceso y las personas se encuentran sujetas a medidas cautelares de prisión preventiva.

Dijo que existe una Fiscalía Especializada en Feminicidios atiende dos feminicidios que se mantienen en investigación y que se espera pronto puedan ponerse a disposición del juez de control, y la actualización del protocolo de investigación en materia de feminicidio.

El diputado Carlos Arreola solicitó información en relación a las investigaciones pendientes contra ex funcionarios estatales, a lo que la fiscal dijo que existen algunas carpetas que siguen en investigación.

Añadió que la Fiscalía General del Estado tiene planes en materia de combate a la impunidad y la corrupción, fomentando la denuncia entre los usuarios y manteniendo una atención integral y con capacitación constante a su personal.

En su presentación, María Manuela García, Fiscal General del Estado señaló que la institución a su cargo ha iniciado un proceso de reorganización para establecer un adecuado modelo de atención.

Señaló que mediante esta reorganización, se consiguió que en poco más de 52 mil carpetas de investigación, se hayan alcanzado casi 3 mil 300 años de condena para quienes han sido juzgados como infractores de la ley; y se han recuperado, 170 millones de pesos, en favor de más de 2 mil personas e instituciones víctimas del delito.

Durante este periodo que se informa, los Agentes Fiscales iniciaron 2 mil 480 carpetas de investigación, de personas en flagrancia de delito, llevando a proceso, al 97 % de éstas.

En términos de violencia contra las mujeres, se ha agilizado el proceso de judicializalización de  las carpetas de investigación por feminicidios, en menos de 36 horas, así como acciones implementadas, para atender la declaratoria de alerta de violencia de género en el Estado.

Señaló que en materia de atención a víctimas se hacen esfuerzos por fortalecer esta función y garantizar a todas las víctimas, especialmente a las de delitos graves, una atención integral.

En los procesos de investigación criminal, se están consolidando los servicios que presta la Vicefiscalía Científica, en la que hacemos un esfuerzo extraordinario para emitir opiniones conclusivas de carácter técnico o científico que sirvan de sustento probatorio a las investigaciones iniciadas en la FGE.

Destacó que ya se cuenta con la acreditación en el laboratorio de química forense, y se está en proceso de acreditación de otros 4 laboratorios, en genética, balística, criminalística y lofoscopía; además de concluir el proceso para la acreditación de los Laboratorios Forenses de la Fiscalía General del Estado, por parte de la Unidad Acreditadora (ANAB), que es un organismo internacional con sede en Estados Unidos que también emite acreditaciones en otros países.