El Pleno del Congreso del Estado aprobó, en Sesión Ordinaria, el Decreto por el que el  Poder Legislativo del Estado considera viable, y autoriza que el Poder Ejecutivo del Estado, por sí y/o a través de la Arena Potosí, lleve a cabo los actos jurídicos necesarios para transmitir a particulares el derecho de acceso y uso de 41 palcos que se ubican al interior del recinto denominado Arena Potosí, hasta por 35 años, así como para que pacte las condiciones y limitaciones que garantice su uso adecuado.

Mediante el decreto, se establece que el Poder Legislativo del Estado considera viable, y autoriza que el Poder Ejecutivo del Estado, por sí y/o a través de la Arena Potosí, lleve a cabo los actos jurídicos necesarios para transmitir a particulares por un periodo de hasta 35 años (treinta y cinco años), el derecho de acceso y uso de los 41 palcos que se ubican al interior del recinto denominado Arena Potosí, y que Arena Potosí reciba los recursos económicos que se generen con motivo de dichos actos para su aprovechamiento, conforme al objeto para el cual fue creado.

El Poder Legislativo del Estado, considera viable, y autoriza al Poder Ejecutivo del Estado, por sí y/o a través de la Arena Potosí, para que pacte las condiciones y limitaciones en materia de entrada a las instalaciones, su temporalidad, eventualidad, número de acceso de personas, condiciones de ingreso, reparación de daños, penas convencionales, causas de terminación o recisión, condiciones de uso exhaustivas y detalladas, abarcando aspectos clave como la prohibición de modificaciones estructurales, el mantenimiento y cuidado adecuado, y el cumplimiento de normas de seguridad, y cualquier otra que estime necesarias que tengan por objeto proteger la integridad de las personas, inmuebles y garanticen su uso adecuado.

Se indica que con este dictamen, se transparentan los actos jurídicos que tienen como objeto transmitir temporalmente los derechos de uso y acceso a los palcos del inmueble de referencia, además de obtener recursos económicos adicionales para la mejora, conservación y mantenimiento del propio recinto, sin afectar a fuentes presupuestales externas, evitando que dichos conceptos se conviertan en una carga económica para el Estado; asimismo, que los recursos obtenidos, permitirán realizar inversiones en la infraestructura de la Arena Potosí, mejorando así la experiencia de los usuarios, y convertirse en un atractivo para atraer la realización de eventos de mayor importancia.

De igual manera tiene como finalidad fomentar el turismo, la economía local, la oportunidad de acceso a espectáculos de importancia Estatal, Nacional e internacional, y el fortalecimiento de los activos del Gobierno Potosino.

Otros dictámenes

Se aprobó por mayoría, la reforma a diversos artículos de la de la Ley para la Protección de Personas que Intervienen en el Proceso Penal en el Estado de San Luis Potosí, para una mejor armonización  respecto de la denominación de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Estado; se sustituye al salario mínimo como referencia y medida para la imposición de sanciones económicas previstas en el capítulo de sanciones, introduciendo en su lugar la Unidad de Medida y Actualización,

Y, se llevan a cabo adecuaciones para emplear un lenguaje de género en cuanto a la referencia del hoy “director”  del Centro de Protección de Sujetos Procesales, sustituyéndose por la persona titular de esta dirección.

También se aprobó por unanimidad la reforma al párrafo segundo del artículo 1º, y el párrafo segundo del artículo 36; de la Ley del Sistema de Seguridad Privada para el Estado de San Luis Potosí, para establecer que los servicios de seguridad privada tendrán como eje central a la persona y sus derechos humanos, observando y respetando el ejercicio de los derechos de ciudadanía con perspectiva de género, las libertades y los derechos fundamentales, así como el fomento de una cultura de paz.

Se establece también que el personal operativo deberá conducirse bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y respeto a los derechos humanos, previstos en la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí.

Con esto,  se contribuye a que las y los ciudadanos que pudieran tener cualquier interacción con personal operativo de esas empresas, sean tratados de manera adecuada de conformidad con los alcances que emanan del marco legal aplicable y una vez actualizado, vigente.

Se aprobó por unanimidad, la reforma a las fracciones V y VII del artículo 17; el título del Capítulo VII del Título Cuarto; el primer párrafo y la fracción III del artículo 24; la fracción I del artículo 30; y los artículos 55 y 57, de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí,  para establecer como parte de las obligaciones a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y de la Fiscalía General del Estado, el evaluar continuamente el desempeño del personal en la atención a las víctimas.

Renuncia Magistrada del STJE

Se aprobó por unanimidad el decreto por el que se califica como justificada la causa de la renuncia de la Maestra María Manuela García Cázares al cargo de Magistrada Numeraria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

Esto en virtud de que como señala su carta de renuncia, el pasado 23 de mayo de la presente anualidad, fue electa Fiscal General del Estado de San Luis Potosí, y se manifiesta que  la procuración y la impartición de justicia, son funciones del Estado que no pueden recaer en la misma persona, atentos a una división de poderes y de estado de derecho, motivo suficiente para calificar como causa justificada la petición de la promovente para renunciar a su nombramiento como magistrada numeraria.

Una vez calificada la renuncia se notifica al Poder Judicial del Estado, para los efectos constitucionales y legales a que haya lugar.

En este sentido, se dio cuenta del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política para la Comparecencia de la Fiscal General del Estado, con motivo de su Informe de Actividades.

Se indica que la Comisión Primera de Justicia será la responsable de moderar la comparecencia que se realizará el 26 de noviembre del año en curso a las 9:00 horas, en el Salón “Ponciano Arriaga Leija”.

La comparecencia dará inicio con la intervención de la Fiscal General del Estado hasta por un tiempo de 15 minutos; la diputada Leticia Vázquez, presidenta de la Comisión Primera de Justicia elaborará la lista de intervención de hasta un orador por Grupo Parlamentario y Representación Parlamentaria, de hasta 3 minutos para formular las preguntas que considere pertinentes.

La lista será desahogada en el orden de prelación que fueron inscritos, otorgando el uso de la voz a las y los diputados para sus cuestionamientos; la Fiscal dará respuesta inmediata a los cuestionamientos formulados por las diputadas y los diputados.

Minutas reformas constitucionales federales.

Por unanimidad, se aprobaron las Minutas de Reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección y cuidado animal; y en materia de seguridad pública.

A las comisiones legislativas, se turnó la correspondencia enviada por el propio Poder Legislativo; los demás poderes del estado; ente autónomo; ayuntamientos y organismos paramunicipales; Poder Federal y ente autónomo; Poderes de otras entidades del país; y particulares; así como las iniciativas planteadas por diputado y ciudadanas y ciudadanos.

En Asuntos Generales, participaron la diputada Jessica Gabriela López Torres en relación al Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer, el 25 de noviembre; y el diputado Marco Antonio Gama en relación a la situación jurídica de regidor de Rioverde;

Agotados los asuntos, se citó el próximo martes 26 de noviembre de 2024 a las 9:00 horas a la Comparecencia de la Fiscal General del Estado; y a 10:00 horas a Sesión Ordinaria, ambas en el Salón “Ponciano Arriaga Leija”, de Jardín Hidalgo 19.