Tras haber entregado el informe de actividades correspondiente al último ejercicio fiscal, el vice fiscal jurídico en funciones de encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE), licenciado José Luis Ruiz Contreras compareció en el Pleno del Congreso del Estado para ampliar información y responder dudas de las y los legisladores, como lo establece el artículo 122 TER de la Constitución Política del Estado y el Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo.

El diputado José Luis Fernández Martínez presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), agradeció al funcionario la participación y le preguntó si había recibido una “herencia maldita” y qué hará para revertir la imagen de la Fiscalía ante los ciudadanos, en caso de que sea elegido en la terna enviada por el Gobernador, para ser el Fiscal General del Estado.

Ruiz Contreras dijo que el Fiscal anterior le entregó el acta correspondiente al despacho pero no la Fiscalía, lo que generó suspicacia; se encontraron inconsistencias que en su momento se darán a conocer, además de una falta de liderazgo porque “la Fiscalía era dirigida por otras personas que actuaron de manera indebida, pues de 89 procedimientos abreviados, 70 fueron autorizados por una comisión, 19 de ellos por un vice fiscal y un director de delegaciones, sin facultades y eso es irregular y un delito”.

Dijo que serán las y los legisladores quienes decidan si deberá cumplir la obligación de ser Fiscal del Estado, pero por lo pronto del 23 de Septiembre a la fecha, tiempo que tiene como encargado de despacho, la principal tarea es el acercamiento con la ciudadanía, puertas abiertas, habrá resultados a través del Plan Estatal de Desarrollo.

La legisladora Nadia Esmeralda Ochoa Limón le preguntó las condiciones en que encontró la Vice Fiscalía Científica, que es parte medular para esclarecer los ilícitos así como la pérdida de tiempo cuando una persona acude a presentar una denuncia; el vice fiscal le dijo que hubo nula inversión en el área, “si vieran cómo está la oficina en Matehuala, no se invirtió en genética forense para identificar restos y definir perfiles, faltan peritos de medicina legal, genética, grafoscopía, criminalística ni tampoco hay en antropología por el tema de trata de personas”. Expuso asimismo que una persona tarda 38 minutos en ser atendida y canalizada a una mesa, donde el tiempo en su declaración es de una hora 26 minutos en promedio.

En su intervención, el diputado Roberto Ulises Mendoza Padrón pidió información sobre el castigo a los malos elementos de la institución; expuso el funcionario que, antes de que llegara al cargo no se hizo nada, ahora se aperturaron procedimientos por omisiones administrativas y dolosas que podrían aperturar carpetas de investigación, todo esto, debido a que no existe un órgano de control interno desde hace 4 años.

La legisladora Martha Patricia Aradillas Aradillas abordó el tema de los feminicidios y las investigaciones; hasta el momento se tienen registrados 21 casos, en cuatro se logró la orden de aprehensión y dos han sido ejecutadas. En los 10 meses anteriores no se había logrado nada, sin embargo, en el año van 50 muertes contra mujeres no catalogadas como feminicidios todavía, “es un delito delicado, no el de mayor impacto que incluso está por debajo de la media nacional, pero no bajaremos la guardia”.

La legisladora Dolores Eliza García Román pidió el número de carpetas abiertas por homicidios; en lo que va del año se han cometido 538 homicidios de los que solamente el 20 por ciento han tenido una conclusión a través de la judicialización. El diputado Eloy Franklin Sarabia atribuyó el descrédito de la dependencia “a que los anteriores responsables fueron omisos y opacos, insensibles con la gente”. Preguntó sobre el robo de vehículos.

El vice fiscal José Luis Ruiz Contreras afirmó que es un tema preocupante porque se cometen 1,500 robos de vehículos al año, pero ya se hacen estudios de fondo a través de la Unidad de Informática para identificar las zonas criminógenas, horarios, tipo de vehículos, pues esas unidades se las roban para cometer otros delitos sobre todo en Querétaro, por eso “es un punto de partida importante ya que se derivan robos a casas habitación, comercios e incluso la comisión de homicidios”.

El legislador René Oyarvide Ibarra señaló que los ciudadanos esperaban del sistema de justicia penal una justicia pronta y expedita, pero faltan agentes del Ministerio Público, policías de investigación y peritos eficaces; el vice fiscal recordó que el nuevo sistema implica que no todos los procesos lleguen a juicio, hay diversos mecanismos de solución, salidas alternas, perdón, sobreseimiento; en 10 meses hubo 89 procedimientos y del 23 de Septiembre a la fecha, cuando asumió el cargo, hay 75 procedimientos; además, 21 juicio con 15 sentencias condenatorias, la mayor de 106 años de prisión y 6 absolutorias.

Preguntó el legislador René Oyarvide en segunda ronda, qué hace la Fiscalía para lograr el cometido de la reparación del daño si no todas las carpetas llegan a juicio y el funcionario le respondió que los medios alternos de solución de conflictos han concluido 2,700 carpetas, lo que implica disminución en los costos tanto de abogados de personas que deben trasladarse a la Fiscalía y en general un desgaste que se trata de evitar.

El legislador Salvador Isais Rodríguez preguntó sobre las acciones para mejorar la imagen de la Policía de Investigación y cuantas carpetas de investigación se han iniciado sobre denuncias presentadas por personas indígenas; Expuso que encontró en la Policía de Investigación personal sin perfil que ya se empezó a depurar, por falta de conocimiento, perfil, capacitación, es personal no contratado bajo el esquema de convocatoria y evaluación constante, más de 100 elementos no aprobaron el examen de control y confianza y la FGE no hizo nada para culminar esa relación laboral.

Abundó que el rezago es impresionante, porque hay más de 30 mil mandamientos o solicitudes de investigación y solo a 10 mil se le ha dado cumplimiento, “empezamos por darle identidad, con la balización de unidades, que los agentes porten la vestimenta adecuada, pues eran confundidos con grupos delictivos por las unidades y la forma en que se conducían; ahora, serán contratados con una convocatoria, estará especializados en las áreas correspondientes, pues tenemos déficit en las zonas huasteca y altiplano”. De las denuncias presentadas por personas indígenas dijo que no hay datos específicos porque el área que se encara de atender este tema no funciona adecuadamente, pero lo hará pronto.

El legislador Cuauhtli Fernando Badillo Moreno preguntó sobre las acciones para combatir el delito y sobre los hechos recientes en Mexquitic y Ahualulco. Hay siete delitos que tiene más atención entre los que están el secuestro y las extorsiones pero el tema más preocupante es el robo de vehículos, casa habitación, comercio y transeúnte. Dijo que solamente la autoridad de Ahualulco puso una denuncia por daños y robo de 9 mil pesos mientras que en Mexquitic no hubo incursión de hombres armados como se ha manejado en redes sociales y no existe denuncia.

La legisladora María Claudia Tristán Alvarado preguntó sobre la política criminal que se aplica para el combate de los delitos; expuso el funcionario que se establecen lineamientos para fiscales especializados e integradores de carpetas y una capacitación que se cumplió hasta el hace poco, con una política de persecución penal que dará resultados. La diputada Emma Idalia Saldaña Guerrero expuso que en el 94.5 por ciento de los delitos que se cometen no hay denuncia.

Expuso el fiscal que la omisión de una política de persecución penal genera poca credibilidad, pero en los últimos dos meses ha crecido el número de denuncias, van más de 55 mil tenciones provocando 42 mil carpetas; se contrató en seis años a personal sin experiencia, sin convocatoria. El diputado Alejandro Leal Tovías también insistió en la mala percepción que tiene la ciudadanía de la FGE; el vice fiscal dijo que en tres años le aumentaron 30 millones de presupuesto, 10 por año, y contrataron 500 personas en seis años sin perfil.

El legislador Juan Francisco Aguilar habló sobre los fallos absolutorios que se traducen en que la Fiscalía no tuvo la razón en el caso o fue insuficiente su labor de investigación; dijo José Luis Ruiz que no todo debe llegar a juicio, ya van 21 juicios orales que son recurribles pero siempre es importante buscar soluciones alternas para no llegar a un juicio cuya audiencia cuesta 40 mil pesos para tratar un robo de 3 mil pesos.

El legislador Rubén Guajardo Barrera dijo que es lamentable que, quien priva de la vida a un elemento policiaco sea otro de la misma corporación, “nos enteramos de una mujer elemento de Seguridad Pública Municipal pero más lamentable que sea personal con 15 años de antigüedad quien la victimó, lo que da por hecho que han aprobado los procesos de control y confianza; es triste decirle pero la falta de confianza es un tema reiterativo y en muchas ocasiones, le tienen mas miedo a los policías que a los delincuentes”.

Le respondió que de 655 elementos de la Policía de Investigación, 132 no cumplieron el examen de control y confianza y 484 están aprobados pero nunca se emprendió un procedimiento para sancionar. La diputada Gabriela Martínez Lárraga preguntó sobre las acciones con perspectiva de género; en la FGE el 60 por ciento son hombres y 40 mujeres y en varios cargos de toma de decisiones hay mujeres al frente. Sobre la trata de personas migrantes dijo que hay 47 carpetas de investigación por explotación laboral y una sentencia de 22 años.

También el diputado José Ramón Torres García abordó el tema de los migrantes y las condiciones en que opera la delegación de la Fiscalía de Rioverde y Cerritos, que no tiene ni mobiliario, porque todo el presupuesto se va a salarios; dijo el funcionario que el mayor problema con los migrantes está en la zona altiplano y que en Rioverde hay carencias como en todas partes.

La legisladora Liliana Guadalupe Flores Almazán preguntó sobre el abigeato y le respondió que hay una Unidad Especializada que pronto estará operando en la huasteca, ya que el problema junto con el del robo de implementos agrícolas es preocupante.

Los trabajos estuvieron presididos por la diputada Cinthia Verónica Segovia Colunga que tuvo como secretario al legislador Edmundo Azael Torrescano Medina.