Fortalecer la seguridad alimentaria mediante la donación altruista de alimentos en el estado, y reconocer legislativamente a los Bancos de Alimentos y otras organizaciones relacionadas,  es la finalidad de la modificación a diversos artículos de la Ley de Asistencia Social del Estado y Municipios de San Luis Potosí, presentada por la diputada Josefina Salazar Báez.

Mediante esta iniciativa, se incluye en la legislación a los Bancos de Alimentos, como todas aquellas personas morales o instituciones de asistencia privada que tengan por objeto recibir en donación alimentos, almacenarlos y distribuirlos, con la finalidad de satisfacer las carencias alimentarias de la población del Estado en situación de vulnerabilidad alimenticia o de pobreza alimentaria.

Esta iniciativa también tiene como fin la realización de un padrón de estas asociaciones con objetivos de coordinación y apoyo; y dar atribuciones específicas al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia para consolidar sus atribuciones como promotor de las donaciones de alimentos entre los diferentes actores involucrados y fortalecer la seguridad alimentaria en San Luis Potosí.

En su exposición de motivos, la legisladora señala que la pobreza en nuestro país y nuestro estado es recurrente, y de acuerdo a cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, San Luis Potosí ocupó el lugar 11 en porcentaje de población en pobreza y el 6 en porcentaje de población en pobreza extrema, lo cual lo ubica dentro de las diez entidades con mayor pobreza en el país; atendiendo al criterio del municipio con mayor porcentaje de su población en pobreza, la capital es el segundo lugar, dado que el primer municipio con mayor porcentaje de pobreza con respecto a su población es Tamazunchale, con un 76.9% de pobreza.

“La falta de acceso a una alimentación sana causa un problema sumamente grave particularmente para las niñas y niños que por su edad se encuentran en una fase crítica de crecimiento; la desnutrición en la niñez es un fenómeno que trae consecuencias en el desarrollo posterior de la persona y sus capacidades”, indica.

Ante este panorama, el Banco de Alimentos de México estima que se desperdicia el 37% del alimento que produce en el país cada año (aproximadamente 30 millones de kilogramos diarios), mientras 1 de cada 4 mexicanos vive con carencia alimentaria. En otras palabras, en nuestro país se desperdicia más alimento del que necesitamos para que ningún mexicano tuviera hambre ni desnutrición.

Esa es la labor a la que se ha dedicado la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos, que rescata alimento desde el campo mexicano, las centrales de abasto y los mercados, la industria alimentaria, hasta los autoservicios y supermercados; canalizándolo oportunamente para ser aprovechado por la población más vulnerable.

Agrega que la labor general de los bancos de alimentos consiste en captar el alimento donado en condiciones de consumo, almacenarlo y distribuirlo a la población objetivo por medio de despensas que contienen diferentes productos, siempre tratando de cumplir con los mejores requerimientos nutricionales.

“El Congreso del Estado puede y debe apoyar el desarrollo y la equidad social desde la importantísima labor de crear leyes que incidan en el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias potosinas, particularmente de quienes menos tienen, atendiendo los problemas que los afectan y siendo solidarios con una realidad económica que a veces no alcanza ni siquiera para satisfacer las necesidades más elementales”.

Esta iniciativa fue turnada para su análisis a las comisiones de Salud y Asistencia Social; y, Derechos Humanos, Equidad y Género; y Especial de Participación Ciudadana y Desarrollo Social.