El Fiscal General del Estado, Federico Garza Herrera, compareció ante los integrantes de la LXII Legislatura, con motivo de la presentación de su Tercer Informe de Actividades.

La diputada Sonia Mendoza Díaz, presidenta de la Comisión de Justicia, dirigió los trabajos para la presentación de las participaciones de los legisladores, de acuerdo a lo acordado por cada uno de los Grupos Parlamentarios que integran el Congreso del Estado.

En sus intervenciones, la diputada Marite Hernández Correa manifestó que existe frustración y enojo de la ciudadanía por el poco avance en las carpetas de investigación, la pérdida de carpetas de investigación, lo cual ha motivado la emisión de diversas recomendaciones por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en contra de la Fiscalía General del Estado, por lo que pidió acciones concretas en contra de los servidores públicos corruptos o negligentes que hayan motivado estas acciones.

El Fiscal General del Estado, Federico Garza Herrera, manifestó que las recomendaciones de la CEDH se han aceptado y se está trabajando en la capacitación de personal, y se ha estado instruyendo a los ministerios públicos y peritos para que mejoren su labor.

Argumentó que en el caso de las quejas por el avance en la integración de las carpetas de investigación, se debe a que el Sistema Penal Acusatorio no fue socializado con la ciudadanía, y esperan que se conduzcan con los parámetros del sistema anterior, y el actual sistema se basa más en labores técnicas y conceptos garantistas para la integrar las investigaciones, como es la presunción de inocencia, del debido proceso y respecto irrestricto a los derechos humanos.

Dijo que por ello, el actual Sistema Penal Acusatorio contempla la figura del asesor victimal para que apoye en la integración de la carpeta para

que pueda acudir directamente con el juez, y coadyuvar con la integración propia de la carpeta con el ministerio público.

Señaló que este sistema, no contempla las declaraciones de culpabilidad a menos que se hagan ante un juez, por lo cual no se pueden aducir situaciones de tortura para arrancar una confesión.

Agregó que por ello, se está buscando la manera de capacitar al personal y se creó la Universidad, ya que se requiere también de actualizar y modernizar la institución.

En relación a la búsqueda de la menor Zoé Zuleica, el Fiscal indicó que se mantiene en comunicación con la familia y se siguen líneas de investigación fuera del país, incluso con coordinación con el FBI por lo que se espera pronto puedan tener resultados.

La legisladora consideró que no se está dando un acceso real a la justicia para la ciudadanía, por lo que la impunidad continúa y no hay una resolución de los casos, por lo que le manifestó al funcionario si no puede, renuncie a su cargo.

El diputado Rubén Guajardo Barrera cuestionó sobre la aprobación de los exámenes de control de confianza para los agentes fiscales, peritos, y policías de investigación, requisito establecido en la Ley del Sistema de Seguridad Pública para la permanencia en el cargo y que constan de evaluaciones toxicológicas, de entorno social, psicológicas, de salud, y polígrafo.

El Fiscal respondió que se cuenta con un total de 688 personas evaluadas, de las cuales las personas que están certificadas son 263; personas no certificadas son 157; personas que acreditaron sus exámenes 556; personas que no acreditaron sus exámenes 132.

Los requisitos para obtener el certificado único policial es la aprobación del examen de control de confianza, cursar y aprobar el curso de competencias, y aprobar la evaluación respecto del desempeño.

En este sentido, indicó que los no aprobados se les inicia el procedimiento interno respectivo, y en la mayoría de los casos en que las personas no pasan el examen interponen un amparo que como consecuencia les obligan a la institución a la permanencia del servidor público, ya que aducen una serie de señalamientos sobre el tipo de examen que se practica, ya que no se refleja la causa por la cual se determina que la persona no es apta.

Garza Herrera informó que se han presentado un total de 30 amparos que se otorgan al considerar los jueces que no existe una garantía completa a los elementos al no mencionar la causa por la que se determina.

El diputado Ricardo Villarreal solicitó información en relación a la cobertura de ministerios públicos en el estado, a lo que el Fiscal indicó que se cuenta con cobertura en el estado por medio de 16 delegaciones, las cuales cuentan con infraestructura y mobiliario suficiente para la atención de la ciudadanía.

En relación a la falta de presentación de denuncias por parte de la ciudadanía, respondió al cuestionamiento del diputado Ricardo Villarreal, y manifestó que en cuanto a la productividad en el número de denuncias recibidas hasta el 30 de noviembre, se presentaron 54 mil 422 carpetas en todo el estado, existen 42 mil 115 carpetas de investigación, que se han atendido a pesar del COVID, y se han emitido 442 mil oficios.

La diputada Beatriz Benavente celebro que se haya creado la unidad de contexto, para que apoye en la investigación de feminicidios y violencia contra las mujeres, a lo que el Fiscal General indicó que se buscará una reunión con los integrantes de la Comisión de Hacienda del Estado para buscar asegurar presupuesto para esta institución, ya que el 93 por ciento del presupuesto se destina a salarios y solamente el 7 por ciento para gasto de operación y servicios básicos.

Respondió al cuestionamiento del diputado Martin Juárez, el Fiscal del Estado manifestó que se registraron en el año que se informa 815 detenciones como consecuencia de órdenes de aprensión libradas, de las cuales: 623 corresponden a la zona centro, 37 al altiplano, 67 a zona media, 73 a zona huasteca y 23 a huasteca sur.

Hay 620 que corresponden al sistema actual,195 que corresponden al sistema de justicia anterior.

Por homicidio y feminicidio se detuvieron a 72 personas; por secuestro a 66, por violación a 56, por delitos patrimoniales como robo en diversas modalidades 420 y por delitos vinculados a delincuencia organizada 70; además de la desarticulación de 12 bandas delictivas y se detuvieron a 32 objetivos criminales, además de las detenciones realizadas por medio de convenios con otros estados de la República.

Afirmó que de enero a octubre de este año se han registrado más de 37 mil denuncias, y se han determinado 23 mil carpetas de investigación, lo que representa un 62 por ciento de productividad.

Se judicializaron por diferentes casos 1633 carpetas y emitido 1286 autos de vinculación a proceso, 451 prisiones preventivas oficiosas, 51 prisiones preventivas justificadas y 139 medidas cautelares, además de diversas sentencias condenatorias tanto en el sistema Acusatorio como en el sistema anterior. Se declinaron a la Federación 118 expedientes, y se lograron 1604 acuerdos reparatorios y 383 perdones legales.

Respondió al cuestionamiento del diputado Mauricio Ramírez Konishi, Garza Herrera manifestó que se está logrando una modernización institucional, ya que se creó la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, que atiende temas como la trata de personas, la protección a migrantes, a periodistas y defensores de derechos humanos, y delitos de desaparición forzada, el sistema de búsqueda, alerta amber, combate a secuestro y justicia para adolescentes.

Además, se cuenta con la Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer, la familia y delitos sexuales, para brindar una atención integral completa a este sector, y que ha sido dignificada en su infraestructura, gracias a la participación y reclamo de colectivos de mujeres.

Además, indicó que se cuenta con el Instituto Universitario de Ciencias Penales y Forenses; además de las instalaciones del Instituto de Formación Profesional de Ministerios Públicos, Personal de Investigación y Peritos y la Unidad de Culminación del Sistema Tradicional y se realiza la segunda etapa de construcción de un edificio en el Centro Penitenciario.

El diputado Edgardo Contreras manifestó la situación de inseguridad que se vive en el estado a consecuencia de delitos patrimoniales y el incremento en presencia de homicidios dolosos, así como de delitos relacionados con la delincuencia organizada.

Por ello solicitó que se pida a la Delegación de la Fiscalía General de la República atienda su responsabilidad, y que se resuelvan los asuntos relacionados con casos de su competencia como es la delincuencia organizada.

En relación a la atención a casos de violencia de género y feminicidios, el Fiscal respondió al cuestionamiento de la diputada Paola Arreola, y manifestó que como seguimiento de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, se recibió un recurso por parte de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres por 4 millones 960 mil 500 pesos para la confirmación de una unidad especializada para revisar las carpetas de investigación y homicidios dolosos de mujeres de los últimos 8 años, y la capacitación del personal.

Además, se trabaja en la integración de un plan de seguimiento para alcanzar la judicialización de los asuntos revisados, y un modelo de gestión en materia de violencia contra las mujeres vinculados con los expedientes sobre violencia sexual y desaparición de mujeres, y fortalecimiento de la base de datos de la Fiscalía.

La diputada Martha Barajas manifestó la necesidad de continuar con la capacitación de personal, a lo cual el Fiscal manifestó que el objetivo es continuar con los trabajos del Instituto Universitario de Ciencias Forenses, para continuar con el cambio generacional que requiere la institución para avanzar en la mejora del propio Sistema Penal Acusatorio.

El diputado Mario Lárraga solicitó se atiendan las situaciones de violencia e inseguridad que permean en la zona huasteca, a lo que el Fiscal se comprometió a reunirse con el legislador para atender y canalizar estas situaciones.

La diputada Vianey Montes Colunga señaló el incremento en la presencia de homicidios en la zona media, y la integración de carpetas de investigación que permitan a procuración de justicia eficiente, a lo que el Fiscal General manifestó que una de las problemáticas para la integración de las carpetas es que muchos asuntos se caen porque la gente se retracta, los testigos no acuden por temor o los primeros respondientes mantienen una narrativa distinta a la que presentan en la evidencia tecnológica.

Reconoció que la presión que ejercen los delincuentes sobre los testigos es una de las causas por las que no acuden y sostienen sus declaraciones y por ello, el asunto no avanza, por lo cual se le apuesta a la evidencia científica.

Agrego que se tienen 46 carpetas en investigación por grupos delictivos en la zona media en lo que va del año, y consideró que en este sentido se requiere una mayor acción de prevención.