Para incluir dentro de las funciones de cada Comité Escolar, el llevar a cabo medidas pero de desinfección en cada centro escolar, eliminando con ello el 99.9% de los microorganismos nocivos en prevención  de contagios por COVID-19 entre estudiantes potosinos, la diputada Consuelo Carmona Salas presentó una iniciativa para adicionar la fracción III del artículo 28 de la Ley de Prevención y Seguridad Escolar del Estado y Municipios de San Luis Potosí.

En su exposición de motivos, la diputada menciona que en atención y prevención de enfermedades, como es el caso del COVID-19, nuestra Carta Magna en su numeral 4, ya prevé como un derecho humano de las y los mexicanos el de la protección de su salud, obligando al Estado a implementar acciones para hacer frente a este objetivo. Así pues, aun y cuando a la fecha las necesidades de salud son consideradas y satisfechas tanto por los servicios públicos y privados de salud, no podemos dejar de lado la prevención de enfermedades como el COVID-19.

En el análisis al marco educativo de la Entidad, se ubica la Ley de Prevención y Seguridad Escolar del Estado y Municipios de San Luis Potosí, identificando un área de oportunidad a efecto de que los Comités encargados de diseñar y aplicar las políticas derivadas de los programas en materia de prevención y seguridad escolar, lleven a cabo medidas que prevengan la propagación de cualquier virus o enfermedad tal y como es la desinfección.

Señala que la función de desinfectar se refiere a eliminar el 99.9% de los microorganismos nocivos para la salud humana. Este porcentaje es obviamente superior a aquel necesario para hacer que un ambiente sea simplemente saludable.

Por ello, señala la presente iniciativa propone incluir dentro de las funciones de cada Comité Escolar, el llevar a cabo medidas pero de desinfección en cada centro escolar, eliminando con ello el 99.9% de los microorganismos nocivos para las y los estudiantes potosinos, previniendo y evitando así la generación de más contagios en razón del COVID-19.

La iniciativa se turnó para su análisis a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología