Ante la situación de inseguridad que se vive en el país, que pone en riesgo a los encargados de administrar y procurar la justicia, es necesario legislar la figura del “juez sin rostro’’ o “juez sin nombre’’, para proteger a los juzgadores de asuntos relacionados con delincuencia organizada.

En este sentido, el vocal de la Comisión de Puntos Constitucionales de la LXII Legislatura, diputado  Cándido Ochoa Rojas, destacó que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar la seguridad y la protección de las y los operadores de justicia, no sólo por ser una máxima constitucional, sino por las condiciones de inseguridad que se vive en la actualidad.

Consideró que “es necesario analizar la legislación de otros países y adecuar la nuestra para analizar si es factible, pues hoy existen juzgados que se dedican a resolver casos relacionados a corrupción y delincuencia organizada, donde sería importante enviar el expediente a otro Estado  donde se emite la sentencia y el sentenciado nunca ve cara  a cara al juzgador es decir, que ya enfrentó el procedimiento sin poner en riesgo a los juzgadores”.

El legislador Cándido Ochoa, sostuvo que los defensores de los derechos humanos podrán tener su punto de vista, sin embargo también hay que analizarlo desde otra óptica, “entonces tenemos que ubicarnos en los dos aspectos, pues esta figura del juez sin rostro o juez sin nombre, debe  explorarse sobre todo en temas del crimen organizado”.

Insistió en señalar que en México es necesario respaldar la función jurisdiccional con garantías reforzadas de seguridad para los encargados de impartir la justicia y para ello, se requiere de una  gran reforma donde es prioritaria la participación del Poder Judicial.

“Como legisladores tenemos la responsabilidad de atender los grandes temas y la protección a los impartidores de justicia, por ello, es importante responder a las nuevas necesidades que exige la sociedad”, concluyó.