Diputados locales presentaron una iniciativa para reformar los artículos 98 y 118 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí,  con el objetivo de crear la Comisión Contra la Trata de Personas.

Con el afán de redoblar y coordinar esfuerzos para combatir de manera responsable la comisión de trata de personas, y  tener la sensibilidad del Congreso de la Unión, que al inicio de la Legislatura aprobó la correspondiente comisión ordinaria, es que se considera trascendental atender el exhorto del Senado de la República e incluir en nuestra Ley Orgánica a la Comisión Permanente “Contra la Trata de Personas”, según se señala en la iniciativa presentada.

Se agrega que esta Comisión Contra la Trata de Personas tendría las facultades siguientes: I.-La implementación de acciones para la prevención, protección, atención y asistencia a las víctimas y ofendidos por la Trata de Personas en el Estado.

II.-  El establecimiento  de mecanismos efectivos para el ejercicio pleno de los derechos sexuales de las personas en el Estado, así como el libre desarrollo de niñas, niños y adolescentes, cuando sean amenazados o lesionados por la Trata de Personas.  

III.- Realizar propuestas al Congreso de la Unión respecto de reformas, adiciones y derogación de legislación en materia federal, toda vez que ello constituye materia exclusiva de dicho Congreso, conforme a lo dispuesto por el artículo 73, fracción XXI, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

IV.- Ejecutar acciones de difusión y posicionamiento del tema, en alianza con las diferentes dependencias de Gobierno involucradas. V.-Dar seguimiento al Programa Estatal para la Prevención, Atención y Erradicación de la Trata de Personas en el Estado.

VI.-Los análogos a los anteriores que, a juicio del Presidente de la Directiva en los periodos ordinarios, o del Presidente de la Diputación Permanente en los recesos del Congreso, sean materia del análisis de esta comisión; entre otros preceptos.

En la iniciativa presentada se señala que la trata de personas constituye una barrera al desarrollo económico y social de cualquier Estado, y una prioridad en materia de seguridad y salud pública.

México ocupa el tercer lugar en Trata de Personas en América Latina y el Caribe, y dicho delito constituye el segundo más importante en nuestro país y, en la Capital, en términos de ganancias, después del tráfico de drogas, según lo señaló el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia.

De acuerdo con resultados de su Sistema Alerta Roja, la Coalición Regional Contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina señaló que los Estados en donde existe mayor vinculación de desaparición de mujeres y niñas con la Trata de Personas y, luego, el posterior feminicidio, son Baja California Norte, Puebla, Chihuahua, Oaxaca, Coahuila, Quintana Roo, Chiapas, San Luis Potosí, Durango, Tamaulipas, Estado de México, Tabasco, Guerrero, Tlaxcala, Hidalgo, Veracruz, Jalisco, Zacatecas y Nuevo León.

El 27 de enero del 2011, se publica en el Periódico Oficial del Estado la “Ley para prevenir, atender y erradicar la Trata de Personas en el Estado de San Luis Potosí.

No obstante lo anterior, en San Luis Potosí no existe el delito de Trata de Personas, luego de que en septiembre de 2014 se reformara el Código Penal, eliminando el artículo 195 que tipificaba el delito e imponía una pena de hasta 15 años de prisión.

El pasado 26 de marzo del 2015, la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión aprobó dictamen de la Comisión Contra la Trata de Personas, que contiene punto de Acuerdo, en cuyo resolutivo se señala:

“Único.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los congresos de las entidades federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que en apego a su Ley Orgánica y trámites legislativos correspondientes, creen sus respectivas comisiones ordinarias contra la trata de personas”.

Esta iniciativa, que fue presentada por los legisladores José  Luis  Romero  Calzada,  Roberto  Alejandro  Segovia  Hernández,  Jorge  Luis Díaz  Salinas,  Héctor  Mendizábal  Pérez,  Mariano  Niño  Martínez,  Xitlálic  Sánchez Servín, Sergio Enrique Desfassiux Cabello,  J. Guadalupe Torres Sánchez, Manuel Barrera Guillen, Rubén Magdaleno Contreras y Enrique Alejandro Flores Flores, se turnó a las comisiones de Puntos Constitucionales; y Gobernación para su análisis correspondiente.