La diputada Sonia Mendoza Díaz hizo un llamado para que el Poder Judicial del Estado a la brevedad implemente mecanismos digitales para dar seguimiento a los asuntos jurisdiccionales y se reinicien actividades, las cuales, se encuentran suspendidas a raíz de la contingencia sanitaria por el COVID-19.

Estos mecanismos pueden ser aprobados a través de acuerdos administrativos por el Consejo de la Judicatura para regular los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica de los procesos judiciales, comunicaciones oficiales, procesos de oralidad penal y procedimientos de justicia restaurativa.

Puntualizó que el Congreso del Estado podría coadyuvar con el Poder Judicial para que en caso de ser necesario o lo soliciten se modifique la Ley Orgánica del Poder Judicial para implementar los trabajos de manera virtual.

Mencionó que las y los profesionales del derecho necesitan darle seguimiento a los procesos de los cuales son parte, mediante las tecnologías para no dejar en estado de indefensión a ninguna persona.

Por lo que la diputada sugirió que a la brevedad comiencen los trámites de firmas electrónicas para notificar acuerdos y sentencias en vía digital.  

“Las medidas extraordinarias para hacerle frente a la pandemia no significan que se tenga que paralizar la actividad jurisdiccional, significa que las autoridades debemos innovar para enfrentar la emergencia sanitaria desde un marco de garantía y protección de los derechos humanos.”

Mendoza Díaz externó que el gremio de las y los abogados independientes, y de la Zona Huasteca, le han pedido al Congreso del Estado solicitar al Poder Judicial, así como al Poder Ejecutivo, las acciones necesarias que garanticen tanto su derecho al trabajo como el acceso a la justicia para todos los potosinos.

Por lo que enfatizó en que es necesario que la actividad Jurisdiccional implemente a la brevedad un plan de regreso gradual a las actividades jurisdiccionales mediante plataformas digitales y el uso complementario de las tecnologías.

Finalmente consideró que, la impartición de Justicia al ser labor esencial significa que es responsabilidad de las autoridades jurisdiccionales generar las condiciones para proveer y poder materializar el acceso a la justicia para todas las personas incluso en tiempos de pandemia.