En sesión ordinaria el pleno del Congreso del Estado aprobó por unanimidad un punto de acuerdo presentado por la diputada Xitlálic Sánchez Servín para exhortar al titular del Poder Ejecutivo del Estado, Juan Manuel Carreras López, la comparecencia del licenciado Armando Rafael Oviedo Ábrego, Secretario Técnico del Consejo para la Implementación de la Reforma Penal en el Estado, y la del magistrado Luis Fernando Gerardo González, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y Presidente del Consejo de la Judicatura.

Con el objetivo de que esta Soberanía lleve a cabo reuniones de trabajo para analizar y evaluar la información  directa y real del estado  en el que se encuentran  las instituciones de seguridad, defensoría pública, procuración e impartición de justicia en los rubros de capacitación y certificación, la relativa a la evaluación de impacto social de las campañas informativas de la reforma penal, el avance en los procesos de construcción  de infraestructura y adquisición de equipamiento, y el diagnóstico sobre la actualización de las y los abogados litigantes en materia del nuevo sistema penal acusatorio ante su inminente entrada en vigor el próximo día 18 de junio del presente año.

Lo anterior porque la Secretaría  Técnica  del Consejo  de Coordinación  para la Implementación  del Sistema  de Justicia Penal, con base en la Nueva Metodología para la Clasificación y Estratificación de las Entidades Federativas, con corte al 31 de octubre de 2015, determinó que la nuestra es la tercera entidad del país con el mayor rezago en la implementación de la reforma penal, sólo por arriba de Baja California Sur y Sonora, según se establece en el punto de acuerdo aprobado. 

Se agrega que el 17 de diciembre de 2015 fue nombrado el licenciado Armando Oviedo Abrego como nuevo Secretario Técnico del Consejo para la Implementación de la Reforma Penal en el estado, en sustitución de la licenciada Irma Rodríguez Aranda. 

En virtud de que según la planeación de la SETEC el nuevo sistema penal comenzará sus operaciones en esta capital potosina a finales del mes de marzo y que en junio deberá estar implementado al cien por ciento, se estima necesario llevar a cabo reuniones de trabajo con el directo responsable de su ejecución para que las y los legisladores podamos conocer de forma directa la situación de diagnóstico prevaleciente hasta el momento.

Identificar el nivel de cumplimiento respecto de las metas previstas en cada uno de los rubros de inversión; abundar sobre el alcance y medición de las campañas de difusión realizadas hasta el momento en la entidad; saber cuáles son los desafíos que aún subsisten en cada uno de los distintos  aspectos  de la  reforma,  como capacitación,  infraestructura  o equipamiento; y especialmente, distinguir con claridad cuáles son las áreas en las que deberá concentrarse el trabajo de la Secretaría Técnica para estar en condiciones completar el proceso de implementación de la reforma penal en San Luis Potosí.No podemos omitir que este proceso tiene su principal impacto en el Poder Judicial del Estado y que los indicadores de impunidad y acceso a la justicia en la entidad no son precisamente de los mejores  del país. Considerando  que lamentablemente no ha habido hasta ahora una adecuada  comunicación  con el Presidente  del Supremo  Tribunal  de Justicia del Estado, estimamos que es impostergable e imprescindible que en su carácter de principal responsable de las tareas de impartición de justicia participe en la mesa de trabajo que es materia del presente instrumento parlamentario.

Además, se puntualiza que de los años 2010 al 2015 se han invertido para este sistema penal acusatorio en San Luis Potosí, 99 millones 222 mil pesos de la Federación y 23 millones del Estado.Después de este asunto, se aprobó por mayoría, con 25 votos a favor y 1 voto en contra, un punto de acuerdo presentado por la diputada Dulcelina Sánchez de Lira para exhortar al Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí investigue posibles violaciones a derechos humanos de niñas y niños que viven con madres en internamiento dentro de los centros de reinserción social de la entidad.

En el punto de acuerdo aprobado se señala que la Constitución  de la República  prescribe  en el artículo 1°, que en los Estados  Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en dicha Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, en donde todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.

Igualmente el Pacto Federal a través del artículo 4°, párrafo noveno, previene que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. A la luz del texto constitucional aludido, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establece como uno de sus objetos, el de garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.

Es importante  señalar que en materia de derechos  de niñas, niños y adolescentes,  de conformidad  con los artículos,  13 de la Ley General  de los Derechos  de Niñas, Niños y Adolescentes; y 15 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de San Luis Potosí, las autoridades federales, de las entidades federativas, y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a adoptar las medidas necesarias para garantizarlos.

Fue rechazado, con 22 votos en contra y 5 a favor, el dictamen que adicionaría párrafo último al artículo 113 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de San Luis Potosí para establecer que los ayuntamientos,  a través de su reglamentación  municipal,  prohibirán  el ingreso, asistencia y cualquier otra forma de participación de niñas, niños y adolescentes, en todo evento, actividad o espectáculo taurino en que se lidien toros, que se desarrolle o celebre en la circunscripción territorial del municipio.

En asuntos generales, se aprobó por unanimidad un punto de acuerdo que presentó el diputado Gerardo Serrano Gaviño para exhortar a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal para que implementen campaña de prevención de accidentes de tránsito.

Debido a que los accidentes de tránsito que se han presentado recientemente en diferentes puntos de la ciudad han provocado incluso la muerte de algunas personas, por lo que es necesario que se tomen medidas al respecto. 

Fue aprobado por unanimidad un punto de acuerdo que presentó el diputado Oscar Carlos Vera Fábregat para exhortar a los Servicios de Salud y al Hospital Central “Ignacio Morones Prieto” a no suspender el servicio de hemodiálisis, a fin de no perjudicar a los potosinos que lo necesitan. 

Los legisladores Lucila Nava Piña, Enrique Alejandro Flores Flores, María Rebeca Terán Guevara, José Luis Romero Calzada y J. Guadalupe Torres Sánchez también desarrollaron diversos tópicos en la Tribuna Legislativa. 

En la sesión ordinaria del Congreso del Estado también se turnó a las comisiones legislativas respectivas diversa correspondencia enviada por Poder Legislativo, demás Poderes del Estado, entes autónomos, ayuntamientos, Poder Federal, Poderes de otras entidades del país, Particulares e Iniciativas.  

Agotados los asuntos agendados se citó al pleno del Congreso del Estado a  sesión ordinaria programada a partir de las 11 horas del jueves 10 de marzo del año en curso en el salón “Ponciano Arriaga Leija” ubicado en la sede del Poder Legislativo de Jardín Hidalgo número 19.