Es importante tomar acciones preventivas contra la contaminación del aire, situación que debe corresponder a los municipios como ámbito de su competencia, manifestó el diputado José Luis Romero Calzada, quien presentó una iniciativa de modificación a la Ley Ambiental del Estado.

En esta iniciativa, se busca restar facultades a la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM), para llevar a cabo el programa de verificación vehicular, de acuerdo a las normas oficiales mexicanas, otorgando dichas facultades a los ayuntamientos, quienes serían los encargados directos de la concesión y vigilancia de los centros de verificación vehicular.

“Es momento de prevenir y de darle a la alcaldía las armas para que puedan instalar verificentros que cuenten con la tecnología o que sean similares a los que operan en la Ciudad de México; ahorita está en estudio en la Comisión de Ecología donde yo les pediría a mis compañeros que lo resolvamos porque es una gran necesidad para San Luis Potosí, necesitamos tener un ejemplo de ciudad”.

En la exposición de motivos de esta iniciativa, el legislador manifiesta que de acuerdo a las cifras del INEGI, en San Luis Potosí, al cierre del año 2013, habían 920 mil 466 vehículos motorizados. En los últimos 5 años el índice de motorización ha ido en ascenso, con un promedio de crecimiento de 3.1 por ciento anual y el mayor repunte se registró en 2013, donde el índice creció en 5.18 por ciento con respecto al 2012, lo que hizo que la entidad potosina pasara del lugar número 13, al lugar 12 en un año.

Esto llama la atención para impulsar acciones que permitan mejorar la calidad del aire, mediante esquemas de revisión de las emisiones contaminantes y programas específicos en los diferentes ayuntamientos, manifestó el diputado Romero Calzada.

Por su parte, el diputado Enrique Flores Flores indicó que esta es una propuesta importante, “que se ha visto con muy buenos ojos, tanto así que se está viendo la posibilidad de consensar en los diversos grupos parlamentarios, y que puede llegar a buen puerto con el andamiaje jurídico necesario”.

Agregó que al ser parte de las obligaciones de los ayuntamientos, “porque la primera instancia para llegar al ciudadano es el municipio y hay direcciones de ecología que deben estar al pendiente, SEGAM puede ser un órgano de control pero el brazo operador deberían ser los municipios”.