Los diputados integrantes de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente sostuvieron una reunión con la titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, SEGAM, Yvett Salazar Torres para revisar los avances tendientes a la implementación del sistema de verificación vehicular.

El diputado Jesús Cardona Mireles, presidente de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente indicó que de acuerdo a la Ley Ambiental del Estado, se tiene previsto la implementación de un sistema de verificación vehicular que entraría en funcionamiento a partir del 2017, para lo cual se requiere la modificación de la normatividad ambiental y de la Ley de Hacienda del Estado para el próximo ejercicio. 

Indicó que de acuerdo a lo informado por la funcionaria, se están realizando las evaluaciones normativas y se tiene prevista la expedición de un reglamento ambiental, que incluya el programa de verificación.

“Se están haciendo estas modificaciones, el reglamento le corresponde al Ejecutivo publicarlo y como se afecta a varias cosas, especialmente la Ley de Hacienda se tiene que ver el costo que va a tener la verificación y se tiene que autorizar el presupuesto y la Ley de Ingresos para el próximo año”.

Añadió que de acuerdo al estudio realizado por la SEGAM, se tiene prevista la instalación de 5 verificentros en la capital, 2 en Soledad, uno en Ríoverde, uno en Matehuala y otro más en Ciudad Valles, que deberán cumplir con las normas ambientales recientemente aprobadas y que permitirán conveniar en materia ambiental con la Ciudad de México.

“Nos comenta que la instalación de un verificentro tiene un costo aproximado de 2 millones de pesos, aquí no se van a concesionar se tiene la idea de autorizar, que es una figura mejor para el estado, y va a tener un costo que no tienen aún definido, es el avance que tienen en cuanto a cuantos se podrían instalar”.

Dijo que se hizo el hincapié en que se mida también la problemática que representara el hecho de que muchos vehículos, principalmente en las comunidades alejadas de las cabeceras municipales, no podrán acudir a verificar o que no pasarán dichas verificaciones para que se busque establecer acciones al respecto y que no impacten a los propietarios de estas unidades.