Se deben de brindar las facilidades económicas para que todo aquel estudiante que culmina sus estudios profesionales pueda obtener su título profesional, y que la falta de recursos no sea la causante de que no poder acceder al mismo.

Lo anterior lo dio a conocer la diputada María del Consuelo Carmona Salas, presidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el Congreso del Estado, a través de la presentación de la iniciativa de reforma a Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí.

Indicó que esta reforma pretende que, en coordinación con las instituciones educativas de nivel superior, se determinen los lineamientos para elaborar un tabulador general que regule el cobro del título profesional en el estado, considerando que en ningún caso excederá del monto establecido en el artículo 185 fracción IV de la Ley Federal de Derechos vigente.

Manifestó que  la educación puede entenderse como un proceso continuo, en el cual se desarrollan las facultades intelectuales, morales y físicas del hombre, para que se incorpore de forma eficiente en la sociedad o en el conjunto donde se desenvuelve, por tal motivo, puede decirse que es un aprendizaje para la vida.

Por tanto, la aspiración de todo estudiante es o debería ser, el terminar una carrera universitaria, a pesar de que existan varios factores que dificultan culminar este nivel educativo, como lo son: la situación económica, ubicación geográfica, disponibilidad de estos servicios, la falta de cupos en las universidades públicas y los costos de titulación.

Por otro lado, señaló, el trámite de titulación implica además el pagar ciertas cuotas para que la Universidad expida el título y solicite ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) la cédula profesional. Ambos documentos indispensables para hacer válidos los estudios superiores.

Carmona Salas destacó que hoy en día existe un desbalance en los costos de titulación que van desde los 4,000.00 pesos, mientras que el costo más alto hasta el momento llegue hasta 26,000 pesos; todo esto, debido a diversos factores, como el tratarse de que la institución sea pública o privada, adicional a este factor también varía con relación a la licenciatura o ingeniería que el alumno haya cursado.

La diputada manifestó que derivado a que esta práctica no está regulada, se identifica una laguna legal que se pretende abordar con la presente iniciativa, dado que al no estar prohibida o limitada, se permite el cobro que la institución educativa a su consideración crea conveniente cobrar, poniendo en desventaja y creado una barrera para los alumnos.

Factores como estos provocan que, por cada 10 jóvenes que ingresan a la universidad, solamente cinco logren obtener el título profesional, es decir, que la otra mitad sólo egresó como pasante de la institución o desertó en algún semestre de la licenciatura; esto de conformidad con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

Finalmente, agregó que todos estos elementos provocan que la permanencia y la continuidad de la educación superior se vea mermada, además de provocar una barrera para el ejercicio de este derecho en nuestro estado, situación que deja en un estado de vulnerabilidad a las y los potosinos estudiantes al buscar una posición laboral. La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis.