El Congreso del Estado aprobó un dictamen para reformar la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí, que tiene como objetivo, garantizar la calidad de todas las adquisiciones del sector público y, ante el incumplimiento de la ley, se generen responsabilidades administrativas en contra del servicio público, esto independientemente de las sanciones penales que procedan conforme a derecho.

Se reforma el artículo 10 en su primer párrafo; y se adiciona al mismo artículo dos párrafos este como penúltimo y último de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí, para quedar como sigue:

Artículo 10. “Las autoridades y demás entes públicos estatales y municipales, deberán verificar que los bienes o servicios que en su contratación se adjudiquen a los proveedores o licitantes, al entregarse y recibirse, cumplan con las Normas Oficiales Mexicanas vigentes, que resulten aplicables”.

En caso de que existan dudas sobre la aplicación e interpretación de las Normas Oficiales Mexicanas, relativo a los bienes y servicios, las autoridades y demás entes públicos estatales o municipales, podrán realizar la consulta correspondiente ante la Secretaría de Economía o las Autoridades Normalizadoras en términos de lo que dispone la Ley de Infraestructura y Calidad, y su resultado será obligatorio.

El incumplimiento a lo anterior, generará responsabilidades administrativas en contra del servicio público, esto independientemente de las sanciones penales que procedan conforme a derecho.

En la exposición de motivos, se establece que “los organismos públicos, son los que deben de sujetarse a esta norma. En lo tocante al nivel de calidad y adecuación que deben tener los bienes adquiridos y los servicios contratados por los sujetos obligados anteriormente citados”.

Con esta reforma se permite definir claramente un criterio de calidad para todas las adquisiciones del sector público, que no solamente resulte coherente con el interés público, sino que también sea una medida fiable de la calidad, en términos de mercado, de los productos y servicios adquiridos, siendo una medida favorable también para el desarrollo económico.