La diputada Martha Orta Rodríguez, a nombre propio y del diputado Héctor Mendizábal Pérez presentó en sesión ordinaria una iniciativa de reforma a los artículos 17 y 80 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, con la finalidad de armonizar los citados artículos en materia de derechos humanos para las personas privadas de su libertad.

La legisladora explica en su exposición de motivos, que estas medidas son necesarias, ya que son tendientes a beneficiar el sistema penitenciario de acuerdo a la armonización del artículo 18 Constitucional Federal que establece el respeto a los derechos humanos en el sistema penitenciario, incluyendo los preceptos de trabajo, capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte.

La iniciativa propone establecer que las personas privadas de la libertad tienen derecho a que se les reconozcan y respeten sus derechos humanos, y durante el tiempo que cumplan su sentencia podrán recibir capacitación para el trabajo, educación, atención para su salud y realizar actividades deportivas, como medios para lograr su reinserción a la sociedad. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto.

Indica que, a partir de la reforma en materia de derechos humanos del año 2011, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ha realizado estudios para comparar las Constituciones Estatales, con el objetivo de saber que, como y cuando se han reformado los textos constitucionales de acuerdo al marco normativo en materia de derechos humanos; se establece que San Luis Potosí cuenta con un avance del 90 por ciento en este sentido.

“Con la presente armonización se fortalece lo consagrado en la constitución Federal, para que la Constitución del Estado se encamine a ser de las entidades federativas que en su constitución cuentan con el 100% de los principios regulados en materia de derechos humanos como base del sistema penitenciario del estado; la reforma es de suma importancia para transitar a un marco jurídico y políticas, que disminuyan y erradiquen las incidencias que se presentan al interior de los centros penitenciarios y situaciones de violencia que constituyen un riesgo latente de violaciones a derechos fundamentales”..

Agrega que los capítulos 1º y 18 de la Constitución Federal establecen la obligación de toda autoridad por respetar, defender y garantizar los derechos humanos como una política del Estado Mexicano que incluye al sistema penitenciario.

“Por lo cual, la presente reforma resulta necesaria a fin de que San Luis Potosí se adhiera, desde su constitución, a esta política nacional obligatoria para cada uno de los tres poderes, a fin de que la prisión garantice en todo momento la seguridad de los internos, así como condiciones de vida digna al interior de los centros penitenciarios”.

Esta iniciativa fue turnada para su análisis a las comisiones de Puntos Constitucionales; Derechos Humanos, Equidad y Género; y, Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social.