El posicionamiento del Senado de la República contra la instalación del tiradero de desechos industriales en Palula municipio de Santo Domingo, demuestra que el proyecto sigue siendo frágil y que deben respetarse todos los lineamientos legales por ambas partes, consideró el diputado Jesús Cardona Mireles presidente de la Comisión de Ecología del Congreso del Estado.

“Como sabemos todos los ejidatarios han ganado amparos pero se dice que no son definitivos, que tienen derecho a buscar las vías legales y revertirlos, por lo pronto todo está a favor de la comunidad para que la compañía no empiece a construir y nosotros como legisladores, estaremos al pendiente del desarrollo del tema en los tribunales o en las instancias federales donde se diriman las controversias” expuso.

Dejó en claro que en este asunto el Poder Legislativo solamente le da un seguimiento sin inmiscuirse directamente porque los permisos los otorgan las autoridades municipales, estatales y federales, en base a los ordenamientos legales que en su momento se aprobaron sobre la materia, de tal manera que los legisladores entre sus facultades no pueden inmiscuirse en la toma de decisiones.

El legislador Cardona Mireles señaló que “el Poder Judicial está solicitando información, sabíamos que los permisos que tiene la compañía responsable del proyecto son municipales y se asegura que incluso las firmas eran apócrifas porque los regidores aseguran no haber signado ningún documento, de tal manera que todo indica que está mal desde el inicio y es lo que se debe revisar a profundidad”.

Expuso que en caso de que haya elementos legales para que se construya el tiradero de desechos tóxicos en su momento se hará, pero por el momento “todo está muy frágil y no suficientemente sustentado”.

Cabe recordar que la Tercera Comisión de la Permanente del Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a revocar permisos otorgados a la empresa CITSU para desarrollar un tiradero de residuos industriales en Palula, municipio de Santo Domingo.

El argumento fue que los pobladores de varios municipios aledaños incluso del estado de Zacatecas, se encuentran bajo estado de riesgo sanitario y daño ecológico de sus comunidades y la probable afectación del área natural protegida de Wirikuta, ruta sagrada de la comunidad indígena Wixárika (wichola), considerada reserva de la biosfera.