El diputado Manuel Barrera Guillén presentó una iniciativa para expedir la Ley para la Prevención Social de la Violencia o la Delincuencia del Estado y Municipios de San Luis Potosí, la cual busca atender el problema de la violencia y la delincuencia en nuestra entidad desde la perspectiva multidimensional, interinstitucional, focalizada y transversal.

Donde se involucren los sectores gubernamental, social, productivo y educativo, con fin de ir a las raíces que las generan, fijando estrategias acordes con la realidad que impera en cada región, sector y grupo poblacional.

En ese sentido, esta pieza legislativa establece una normativa para abordar la situación de la prevención  de  violencia  y  la  delincuencia,  desde  diferentes  aristas,  como  el  social, situacional, comunitario y psicosocial,  con la intención de fijar una política pública que prevea íntegramente los fenómenos delincuenciales y delictivos en la entidad, donde la intervención de la sociedad organizada o no tenga un papel fundamental.

En esta iniciativa de ley se determinan los principios rectores sobre los que se sujetará la planeación, programación, implementación y evaluación de las políticas públicas de prevención social de la violencia y la delincuencia en la entidad federativa.

Dichos principios son los que se indican en el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2013-2018, mismos que son: de integralidad, intersectorialidad,   transversalidad,   territorialidad   o   focalización,   participación,   trabajo conjunto, continuidad de las políticas públicas, interdisciplinariedad, diversidad, proximidad, transparencia y rendición de cuentas e incorpora las perspectivas transversales de equidad de género; derechos humanos y cohesión social.

En el referido Programa Nacional se menciona que la seguridad debe entenderse como un derecho humano que debe ser garantizado por el Estado pero que debe ser coproducido por todos los actores sociales.

Mediante esta propuesta se busca identificar los factores de riego, territorios y población de atención prioritaria como son los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres.

Se indica que en la prevención social de la violencia y la delincuencia es fundamental en el fortalecimiento de la familia y su unidad, y que en los programas educativos se establezcan mecanismos que apoyen las políticas públicas en este rubro.

Un aspecto relevante en la planeación, implementación y evaluación de las políticas públicas en la prevención social de la violencia y la delincuencia es sin lugar a dudas el diagnóstico que deberá elaborar el Centro Estatal dentro de los seis meses a partir del inicio del ejercicio de la Administración Pública Estatal, y revisarse y actualizarse cada año, en los dos primeros meses del ejercicio fiscal correspondiente.

Uno de los elementos torales de esta iniciativa, es establecer que los espacios públicos en su construcción,  mejoramiento  y  mantenimiento  sean  seguros  e  iluminados,  eliminando cualquier factor que incida en la proliferación de la violencia y la delincuencia; entre otros preceptos.

Para la elaboración de esta propuesta legislativa, se tomo en cuenta la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, su Reglamento, las leyes existen en la materia en diez entidades federativas, el Programa Nacional contra la Violencia y la Delincuencia, los Lineamientos de la Política de la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia   emitidos   por   el   Consejo   Nacional   de   Seguridad   Pública,   entre   otros instrumentos que dieron la pauta y orientación, explicó el legislador en su iniciativa presentada.

La iniciativa de Barrera Guillén se turnó a las comisiones de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social; Puntos Constitucionales; Derechos Humanos, Equidad y Género; y Justicia para su análisis correspondiente.