Ampliar el plazo para el ejercicio de la garantía de cumplimiento de responsabilidades por defectos y vicios ocultos en  los que el contratista hubiera incurrido en la realización de obras públicas, de 12 a 18 meses,  es el objetivo de la iniciativa de reforma a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios de San Luis Potosí, presentada por la diputada Xitlálic Sánchez Servín.

Esto también tiene como fin principal el proteger el dinero de la ciudadanía potosina que se invierte en dichas obras, asegurando calidad en la ejecución de la misma y materiales, para que realmente sean de beneficio para la población. 

Señala que actualmente, el artículo 157 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas de nuestro Estado, contempla un plazo de 12 meses para cumplir la obligación de responder por los vicios ocultos o defectos que presentara una obra ya concluida, sin embargo, se hace necesario incrementar el plazo para que existan mayores posibilidades de evidenciar una obra mal realizada y también para emprender las acciones legales que defiendan la inversión pública realizada. 

En su exposición de motivos, la legisladora señala que ésta ha sido una problemática recurrente de los gobiernos, quienes realizan obras con pobres condiciones de calidad, o bien, con estándares y materiales deficientes que no cumplen con los parámetros y requerimientos técnicos establecidos en las licitaciones y en los contratos de obra. 

“En muchos municipios, pero principalmente en la capital del estado, las y los potosinos hemos sido testigos de la entrega de obras públicas realizados por los tres órdenes de gobierno o de forma separada por alguno de ellos, que en ocasiones no cumplen siquiera 3 meses de haber sido inauguradas cuando ya presentan serias deficiencias estructurales, o un desgaste incomprensible dada su muy reciente habilitación”, detalla.

Añade que algunas empresas que participan en la licitación y son ganadoras de las obras públicas, con aparentemente costos muy competitivos pero que a la hora de ejecutarlas s incumplen con las obligaciones que se les establecen, “un patrón que hemos encontrado en estos casos, es que la mayoría de ellas son foráneas, por lo que no tienen escrúpulos para simplemente marcharse a otra entidad cuando se les exige la reparación de los daños que se derivan de una obra mal realizada”.

Sánchez Servín señala que el contar con un plazo más amplio, exigiría a las empresas contratistas a realizar obras de infraestructura, edificación y equipamiento de la calidad a la que se comprometen al ganar las licitaciones y satisfacer los extremos de sus proyectos ejecutivos y los contratos de obra. 

Esta iniciativa fue turnada para su análisis a la Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable.