El pleno del Congreso del Estado, aprobó el Punto de Acuerdo que exhorta a las diferentes instituciones de salud para que garanticen que todo el personal médico, de enfermería, de apoyo técnico y administrativo, contratado y/o por contratar en todos los hospitales, clínicas y centros de salud que atiende pacientes con el virus SARS-CoV2 (COVID-19), sin importar su régimen de contratación, cuenten con un régimen de seguridad social que garantice al menos el tiempo de duración de su contrato.

Así mismo se pide para que reconozcan como riesgo de trabajo el contagio del COVID 19, de todo aquel personal médico, de enfermería, de apoyo técnico y administrativo, contratado y/o por contratar en todos los hospitales, clínicas y centros de salud que atiende pacientes con el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

La propuesta fue presentada por la diputada Martha Barajas García quien en su punto de acuerdo exhorta a los Titulares de los Servicios de Salud en el Estado, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del Instituto de Salud para el Bienestar, y de la Secretaría de la Defensa Nacional, del Instituto Mexicano del Seguro Social.

La legisladora expuso que, ante este abandono del que han sido objeto el personal de los centros de salud que atienden la enfermedad del COVID-19, las consecuencias no se han hecho esperar y por tal motivo Amnistía internacional calificaba que México era el país en que más trabajadores habían perdido la vida ante el COVID-19.

“Ante esta situación, es importante que el Congreso del Estado, intervenga para la protección de aquel personal que entrega su mayor esfuerzo día a día para mitigar los daños que genera en las personas el COVID-19.”

Barajas García dijo que, esta situación es alarmante por el número de casos de fallecimiento del personal médico, pero también para aquellos casos en que, si bien la muerte no fue el destino, los estragos de la enfermedad pueden ser determinantes para el desarrollo de su vida.

Finalmente dijo que, lo concerniente a la seguridad social, es necesario el compromiso del aparato burocrático de garantizar que todo el personal contrato tenga dicho derecho constitucional para cumplir con el desempeño de sus atribuciones.