La LXII Legislatura del Congreso del Estado llevó a cabo este día su Tercer Informe de Actividades, donde se contó con la presencia del Secretario General de Gobierno, Jorge Daniel Hernández Delgadillo, en representación del Poder Ejecutivo; y el Magistrado Jesús María Ponce de León, en representación del Poder Judicial del Estado.

En su intervención, la diputada Vianey Montes Colunga, presidenta de la Directiva del Congreso del Estado, reiteró la conformación de esta LXII Legislatura, que fue la más plural y paritaria en la historia de nuestro estado, y “todo cuanto realizamos se hizo bajo las visiones de las mujeres y los hombres potosinos, un avance que sin duda se ve reflejado en la legitimidad y representatividad de las decisiones tomadas”.

Indicó que en estos tres años, las y los legisladores atendieron con responsabilidad y sensibilidad social cada uno de los temas de la agenda legislativa, “fuimos respetuosos de la división de los poderes, analizamos y debatimos los temas anteponiendo el interés ciudadano, y actuamos con visión de estado, con apego a la Constitución y a las leyes que nos rigen”.

Destacó la legislación aprobada en materia de salud, justicia, derechos humanos, rendición de cuentas, competitividad, desarrollo económico, cultura, educación, violencia de género, paridad, derechos de los animales y legislación municipal; además, de expedir puntos de acuerdo y exhortos, elección de autoridades y aprobación de presupuestos, entre otros temas, “lo cual fortaleció el marco jurídico que nos rige y que hoy permite una mejor convivencia, con reglas más claras acordes al tiempo que nos tocó vivir”.

En el informe presentado, se informó del trabajo realizado a través de 94 sesiones plenarias y de la Diputación Permanente, donde se expidieron 492 decretos; además, se presentaron 37 puntos de acuerdo, de los cuales se procesaron 30. Asimismo se procesaron 279 iniciativas del primer y segundo año legislativo y se recibieron 364 de las cuales se procesaron 142.

Se aprobaron 4 reformas constitucionales, que tienen que ver con temas como cubrir faltas temporales del gobernador; eliminar el requisito de los ayuntamientos de solicitar autorización al Congreso para enajenar, permutar o donar bienes muebles o inmuebles; armonizar plazo para que el titular del ejecutivo Estatal, haga llegar observaciones, al Poder Legislativo tratándose de un decreto, ley o acuerdo; y, para que el informe que rinda titular de la Directiva del Congreso del Estado, se lleve a cabo en la primera quincena de septiembre del año que corresponda.

En este tercer año de actividades, se aprobaron 6 nuevas leyes que vienen a fortalecer al marco jurídico del Estado: la Ley del Periódico Oficial para eliminar el proceso de impresión en la edición del Periódico Oficial, lo que trae como consecuencia un ahorro financiero, y por consiguiente la disminución del impacto ambiental.

La Ley de Protección a los Animales, para establecer mecanismos efectivos para evitar el maltrato animal, y obligar a los maltratadores a acudir a terapia psicológica a las instituciones públicas, entre otras acciones.

La Ley de Sanidad Vegetal e Inocuidad Agrícola para contar con una correcta administración sanitaria, y la implementación de condiciones y medidas necesarias durante la producción, almacenamiento, distribución y preparación de alimentos.

La Ley de Comunicación Social, para  garantizar que el gasto en comunicación social cumpla los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, y honradez, y que respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos.

La Ley Agrícola para la actualización de los conceptos, programas y acciones regulados en materia agrícola; y la Ley de Protección al Ejercicio de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para establecer como agresiones la acción u  omisión, realizada en contra de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, comunidades, colectivos y medios de comunicación, por su actividad de defensa de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión, que en los entornos físico o digital, cause daño a la integridad personal, patrimonial o psicológica, ya sea directamente o a través de su contexto social, laboral, familiar o comunitario.

Se aprobaron los informes individuales de auditoría de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2019 de: 22 sistemas municipales DIF; 23 sistemas operadores de agua; 2 institutos municipales de planeación; 58 ayuntamientos; 7 órganos autónomos; y 3 poderes del Estado.

Se realizaron reformas y adecuaciones de gran impacto social a 49 ordenamientos entre los que destacan: a la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad para integrar la perspectiva de género y el lenguaje incluyente, la administración pública deberá adoptar medidas de acción afirmativa positiva para las personas con discapacidad que sufren un grado mayor de discriminación, como son las mujeres, las niñas, niños y adolescentes, así como las que viven en la zona rural.

Reforma a la Ley del Centro de Justicia para las Mujeres para establecer como obligación a cargo del Poder Judicial del Estado, la de integrar al Centro de  Justicia para las Mujeres, al menos un Juzgado Familiar; a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para incorporar el concepto de violencia en el espacio público. Además, se reformó para armonizar el concepto de violencia política contra la mujer en razón de género.

Se reformó también el Código Penal del Estado para que se incluya en el robo calificado al que se verifique con el uso de motocicleta; y para que la pena de prisión por la comisión del delito de feminicidio se incremente de cuarenta a sesenta años.

A la Ley de Transporte Público para destinar espacios ex profeso a mujeres embarazadas, personas con menores de edad en brazos, niñas y niños. Se establece por otro lado, multa de cinco a treinta unidades de medida y actualización vigente, por incumplir con los protocolos en materia de salud a causa de brotes epidémicos.

A la Ley de Salud para que el paciente que se encuentre realizando estudios de educación básica y media superior, reciba el acompañamiento técnico-pedagógico de las aulas hospitalarias tanto dentro del hospital, como durante su convalecencia en su hogar; y a la Ley de Donación y Trasplantes para que estos procedimientos se realicen con mayor agilidad, y eficiencia en beneficio de los receptores, entre otras modificaciones importantes.

La diputada Vianey Montes, señaló también la difícil situación que se vive a consecuencia de la pandemia por COVID-19, lo que obligó a hacer uso de las tecnologías digitales de la información para sacar adelante el trabajo legislativo; además, de que a pesar de los disensos, la actividad parlamentaria se enriqueció con la diversidad de visiones, lo que permitió dotar de una extraordinaria pluralidad los debates y los acuerdos.