Para garantizar el acceso a la justicia y derechos fundamentales para las personas con discapacidad o lengua materna, las comisiones de Justicia; y Derechos Humanos analizan una iniciativa de reforma a los artículos 30 y 31 de la Ley de Defensoría Social del Estado de San Luis Potosí.

Con esta reforma, se busca ampliar el alcance de los servicios de traducción e interpretación a una población más amplia, incluyendo a personas con discapacidad y personas cuya primera lengua no sea el español.

Se propone establecer que compete a los traductores e intérpretes adscritos a la Coordinación General de la Defensoría Social y de Oficio, auxiliar y asistir a las personas y comunidades indígenas, a las personas con alguna discapacidad que afecte su comunicación, así como personas cuya primera lengua no sea el español que precisen de los servicios de los mismos.

Esto debido a que actualmente, la legislación limita los servicios de traducción a las personas y comunidades indígenas. Esta limitación deja sin atención a otros grupos poblacionales que también requieren de estos servicios para acceder a la justicia y a otros derechos fundamentales.

Se indica que se busca atender a las personas con discapacidad que afecte su comunicación, que incluye a personas con sordera, hipoacusia, disartria, afasia, y otras discapacidades que afectan la capacidad de hablar o comprender el lenguaje oral.

Y también, atiende a personas cuya primera lengua no sea el español, como migrantes, refugiados, y personas pertenecientes a grupos minoritarios lingüísticos provenientes de otro país y que ahora habitan la entidad. Respecto a este último punto, cabe recordar que el desarrollo industrial y comercial de nuestra entidad ha conllevado que mucho personal de otras naciones, ahora radiquen en San Luis Potosí.

La iniciativa se analiza en comisiones legislativas para su dictamen correspondiente.