Con el objetivo de reconocer el valor intrínseco de la naturaleza y de cada uno de sus componentes, así como de los procesos naturales que sustentan la vida; con la finalidad de garantizar su defensa, protección, conservación, restauración y salvaguarda. Se propuso estatuir los “Derechos de la Naturaleza” en la Constitución Política del Estado.

La propuesta fue presentada por los ciudadanos, Karen Mendoza Pérez, Emmanuel Mendoza Pérez, y Fernando Díaz-Barriga Martínez; y las diputadas, Marite Hernández Correa, María del Consuelo Carmona Salas, Angélica Mendoza Camacho, Rosa Zúñiga Luna, Alejandra Valdés Martínez y los diputados, Edson de Jesús Quintanar Sánchez, y Pedro César Carrizales         Becerra.

La iniciativa establece que los “Derechos de la Naturaleza” son concebidos como herramienta jurídica necesaria para garantizar el bienestar de los ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos de la naturaleza, a través de la tutela que proveen las garantías jurisdiccionales a los derechos constitucionales.

Así mismo se deja atrás el antropocentrismo de solo proteger a la naturaleza para beneficio del ser humano que se consagraba en su derecho al ambiente sano, descolonizando nuestras mentes para poder entender lo sistémico, la vida misma y, por tanto, cómo protegerla holísticamente.

Por lo que la propuesta establece que, en el Estado de San Luis Potosí, se reconoce el valor intrínseco de la naturaleza y de cada uno de sus componentes. Por ende, son objeto de las instituciones políticas y sociales, la permanente búsqueda del interés público, la protección de los derechos humanos y de los derechos de la naturaleza.

Cada componente que integra a la naturaleza, en su carácter individual o colectivo, será sujeto de aquellos derechos que se reconozcan en esta

Constitución. En este tenor, es deber fundamental del Estado y de sus habitantes, garantizar el respeto, protección y conservación de la naturaleza y de sus componentes. En consecuencia, el Estado promoverá el progreso social y económico basado en la observancia de los derechos humanos y de los derechos de la naturaleza.

La propuesta está siendo analizada en las comisiones de Puntos Constitucionales; y Ecología y Medio Ambiente, para posteriormente ser enviada al Pleno del Congreso del Estado para su votación.