Al despedir al personal de la Unidad de Transparencia del organismo Intermunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (INTERAPAS), el Gobierno Municipal dio un duro golpe a la transparencia y violentaron los derechos laborales de los trabajadores que fueron despedidos, señaló la diputada María Isabel González Tovar, presidenta de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Congreso del Estado.

Informó que, José Luis Mendoza Pérez quien se desempeñaba como titular de la Unidad de Transparencia del INTERAPAS, denunció públicamente que personal de esta área fueron despedidos “al no querer ser parte de una simulación”.

La legisladora María Isabel González Tovar, comentó que “las acciones del alcalde de la capital potosina y del titular del INTERAPAS son violatorias a los derechos humanos con respecto al despido de los trabajadores e irregular en lo referente a la Ley de Transparencia del Estado de San Luis Potosí”.

“Esto viene a reforzar lo que siempre he manifestado que el INTERAPAS oculta información, lo que ha pasado el día de hoy es una clara muestra de toda la información que se oculta a favor de los fraccionadores y ciertas personas, así como de despachos contratados para resolver asuntos pagándoles sumas millonarias.”

González Tovar dijo que, los trabajadores que hicieron la denuncia pueden promover un juicio político en contra del Alcalde Xavier Nava Palacios, bajo los causales del artículo 10 de la Ley de Juicio Político en sus fracciones 3, 6, 7, 8 y 9.

Dichas fracciones se refieren a; Las violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos y sus garantías así como cualquier infracción a la Constitución Política del Estado o a las leyes estatales cuando cause perjuicios graves al Estado, a uno o varios municipios del mismo o a la sociedad, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones.

También se consideran las omisiones de carácter grave, las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos de la administración pública estatal o municipal, y a las leyes que determinen el manejo de sus recursos económico y el manejo indebido de fondos y recursos del Estado, de los municipios o de cualquier ente público, que ponga en riesgo el funcionamiento de las instituciones de las que forme parte.