Con la finalidad de establecer que el Gobierno del Estado y los ayuntamientos tendrán la obligación de llevar a cabo la medida de compensación a las víctimas con cargo a su presupuesto, cuando sean responsables de violaciones a los derechos humanos, el diputado Rubén Guajardo Barrera presentó iniciativa de reforma a la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de San Luis Potosí́.

Para que exista una verdadera sensibilización sobre los daños que provoca una actuación gubernamental negligente o poco diligente de los derechos humanos, se propone que la indemnización deba correr con cargo al presupuesto de su dependencia para evitar imponer injustamente esos rubros al presupuesto estatal, tan necesitado de resolver distintas prioridades, muchas de ellas ajenas a los actos que provocaron la necesidad de indemnización a las víctimas.

Manifestó el legislador que “de lo que se trata es que el ente público será́ responsable en el cumplimiento de la reparación integral. Para lo cual Congreso local establecerá́ partidas presupuestales anuales que hagan efectiva esta garantía, a través de un fondo administrado por los entes públicos responsables”.

Guajardo Barrera dijo que “la iniciativa busca que los entes públicos de sedimenten una cultura de respeto a los derechos humanos, hagan conciencia de la necesidad de apegar sus actos a la legalidad y se haga más justa la distribución del gasto público en cuanto a las indemnizaciones de las víctimas se refiere”.

La valoración y estimación de los daños es uno de los aspectos centrales que nos permiten establecer la ponderación de una indemnización que pueda calificarse como adecuada y, por lo tanto, justa.

Señaló que “queda claro que es el Estado quien debe de proveer el marco normativo más favorable para garantizar la reparación del daño, así́ como el respeto a los derechos fundamentales de las víctimas durante todo el proceso penal”.

“Ello, en aras de proveer medidas que aseguren el resarcimiento y que, en el ejercicio de su derecho a la justicia, no sean revictimizadas. Cada país que se ha comprometido con el respeto de los derechos humanos ha adoptado un diseño normativo propio para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del resarcimiento del daño y la debida atención de la víctima, siempre bajo el principio de que los recursos que permiten subvencionar esas contraprestaciones son publicas y deben definirse en términos muy claros para que se delimiten responsabilidades”, puntualizó.

La iniciativa se encuentra pendiente de ser dictaminada por la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Género.