El diputado Ricardo Villareal Loo, presentó una iniciativa para modificar la Ley para la Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones para el Estado a fin de establecer que el proceso de rehabilitación de adicciones deberá reconocer y desarrollar en cada caso, el potencial del tratamiento comunitario, la participación de la familia del paciente, la responsabilidad personal y el autocuidado, la adopción y promoción de un estilo de vida saludable y las aportaciones de grupos de ayuda mutua de servicio gratuito.

Destacó que su iniciativa busca adicionar segundo párrafo al artículo 17 de la Ley para la Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones para el Estado de San Luis Potosí. Además, refirió que durante los años recientes, “en nuestro estado se ha registrado un aumento en el consumo de drogas legales e ilegales, por ello, es necesario adicionar tales elementos, armonizando la ley local con la orientación de la Ley General en materia del tratamiento y rehabilitación de una forma concreta”.

Expuso que la reforma propuesta, resulta necesaria tanto por motivos legislativos como de salud y de derechos; ya que el hecho de que la Ley General concede un lugar de especial importancia al tratamiento comunitario no es casual, es porque son medidas eficientes en varios aspectos y que facilitan la observación de los derechos humanos de los pacientes.

Además, puntualizó que de acuerdo a cifras del Instituto Potosino de la Juventud, en la entidad el 30 por ciento de los jóvenes han probado algún tipo de estupefaciente y el 70 por ciento consumen alcohol. Mientras que de acuerdo al Centro de Integración Juvenil, San Luis Potosí se encuentra por encima de la media nacional en consumo de alcohol; en lo referente a drogas, el estado está debajo de la media nacional: 12.9 por ciento para cualquier droga, 12.7 por ciento en drogas ilegales y 1.1 por ciento en drogas médicas.

Además,  las adicciones, debido a sus efectos destructivos sobre la sociedad, las familias y los individuos, son un problema público; y junto a la prevención y a las acciones de seguridad, la otra acción pública que se ha implementado es la rehabilitación de los consumidores de drogas por medio de programas.

“Desde el punto de vista de la acción pública, los esfuerzos en rehabilitación para personas con este tipo de problemas, tienen un alto impacto económico y requerimientos específicos, por eso deben estar sostenidos en la certidumbre legal”, concluyó.