Las y los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda del Estado de la LXII Legislatura, aprobaron por unanimidad reformas a la Ley de Planeación del Estado, para establecer que la familia debe ser el principio rector para la planeación y elaboración del Plan Estatal de Desarrollo al inicio de cada sexenio, a propuesta de la diputada Sonia Mendoza Díaz.

El diputado Ricardo Villarreal Loo presidente de la mencionada comisión, informó que el dictamen que será sometido a consideración del pleno, establece los principios que deben considerarse en la construcción de las políticas públicas de cada gobierno basadas siempre en el interés superior de la familia.

Los diputados Mauricio Ramírez Konishi, Edgardo Hernández Contreras y María del Consuelo Carmona Salas, coincidieron en que cualquier gobierno independientemente del partido al que pertenezca, debe atender la problemática social que genera problemas más serios como la delincuencia.

Si no hay condiciones para que los jóvenes estudien y practiquen un deporte, para que el padre de familia tenga un empleo, para que la madre viva segura, para que el núcleo familiar se mantenga fortalecido, entonces difícilmente se van a alcanzar las metas de bienestar que cualquier gobierno se pueda plantear, dijeron los legisladores.

“En la LXII Legislatura estamos impulsando leyes que humanizan, que apoyan a la familia como institución básica de la sociedad y eso es altamente positivo”, dijo el diputado Ricardo Villarreal.

Asimismo se aprobó por mayoría de cuatro votos a favor y una abstención una armonización presentada por el Gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, que permitirá crear el fondo de compensación de impuestos sobre automóviles nuevos, que compensa precisamente la caída del impuesto del ramo para la distribución del 20 por ciento que hace la Federación a los estados y éstos a los municipios.

Se aprobó por unanimidad la iniciativa del diputado Ricardo Villarreal Loo para reformar la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria a fin de establecer el concepto de “interés público” que tienen que hacer valer los sujetos obligados o los que erogan gasto, y que la sociedad tenga interacción como destinataria de esos recursos. Se trata de fortalecer la rendición de cuentas, la transparencia y políticas públicas incluyentes.

Acordaron esperar observaciones que se harán a la iniciativa de la Ley de Comunicación Social y sostener reuniones con el área jurídica de Gobierno del Estado para revisar modificaciones a la Ley de Alcoholes que fue expedida y luego vetada por el ejecutivo, con propuestas para recorrer horario de venta.