Lunes 23 de Diciembre 2024 San Luis Potosi, Hora Local 12:32,

LXIV LEGISLATURA


H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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Apoyos a trabajadores burócratas que adoptan un menor

El diputado J. Guadalupe Torres Sánchez, presentó una iniciativa de reforma a los artículos 36, 36 BIS, 55 y 60, de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí, a fin de otorgar apoyo a padres adoptivos, consistentes en días de descanso con motivo de adaptación.

Explica en su exposición de motivos, que se busca ampliar el termino de tres a cinco días de permiso con goce de sueldo, tanto a la trabajadora como al trabajador, para que cuenten con poco más de margen para ese proceso de adaptación en su nueva etapa de padres; lo que implicará un beneficio tanto para los padres, como para el infante.

“La Ley Burocrática, mismos que en la actualidad otorgan a aquellas trabajadoras y trabajadores que adopten a un infante, tres días laborales de descanso a partir de la adopción, que dicho sea de paso, en el primero de ellos, no precisa que éstos sean con o sin goce de sueldo, situación que se busca precisar”.

Indica que esto permitirá a los padres contar con tiempo suficiente para brindar las primeras atenciones a sus hijos, y que se cuente con tiempo suficiente para una adaptación tanto de los padres como de los hijos a este nuevo entorno.

En esta misma iniciativa, también se precisa situaciones de administración de personal, a fin de reducir el ausentismo laboral, al establecer como motivo para el cese de personal el contar con más de tres inasistencias en un mes, sin mediar permiso de por medio, aunque no sean de manera consecutiva.

“De tal manera que la acumulación de más de tres faltas en un periodo de treinta días, no actualiza la causal de cese cuando tal situación no ocurre de manera consecutiva, siendo que en la práctica es como se da, esto es, los trabajadores burocráticos buscan evadir que sus faltas, cuando sean más de tres, no tengan el elemento consecutivo o inmediato”.

Por último, la iniciativa también busca terminar con las prácticas que se
han detectado de funcionarios públicos que aumentan el salario del trabajador de confianza, cuando se realiza relevo de titulares, a fin de que la indemnización por liquidación que se otorgue sea más elevada para el trabajador despedido, motivando con ello daño patrimonial a las finanzas públicas.

“Es por ello que la adición al artículo 60, estandariza la indemnización legal, impidiendo una elevación dolosa del salario, para el trabajador que concluye el vínculo laboral, teniendo únicamente como diferencia en el cálculo de dicho importe, la antigüedad”.

La iniciativa fue turnada para su análisis a las comisiones de Trabajo y Previsión Social; y Derechos Humanos, Equidad y Género.