La Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Género del Congreso del Estado, analiza la iniciativa de la Ley de Juntas de Participación Ciudadana del Estado de San Luis Potosí, mediante la que se busca establecer los cauces legales necesarios para la participación y el empoderamiento del ciudadano, por medio del reconocimiento de su derecho a participar y la regulación de un nuevo organismo diseñado para servir como intermediario entre las demandas de los habitantes y los ayuntamientos.

En la reunión se acordó continuar con la revisión de dicha propuesta, a fin de que se presente la información con que cuenta la Comisión de Puntos Constitucionales, y evaluar las posibles modificaciones que se realizarían, indicó la diputada Emma Idalia Saldaña Guerrero, vocal de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Género.

“Este punto lo dejamos en espera para análisis, toda vez que tienen algunas observaciones que realizó la Comisión en el sentido de que hay algunas disposiciones legales que ya son aplicables, y como se trata de la vinculación de ciudadanos con municipios, no podemos ir por encima de lo que ya existe, lo dejamos para desahogarlo el próximo miércoles y vamos a ver qué es lo que dictamina la Comisión de Puntos Constitucionales pero va por buen camino”.

La iniciativa busca actualizar la legislación en la materia, y derogar la Ley para la Integración y Funcionamiento de Juntas y Comités de Mejoramiento Moral Cívico Material, que data de 1958 y que por ende, su contenido ya ha quedado desfasado respecto al avance de las reformas en lo tocante a la participación e incidencia ciudadana en las decisiones públicas.

Esta nueva legislación, distribuye las atribuciones a las autoridades, y se específica que el orden municipal y el estatal deben coordinarse para la realización de acciones derivadas de la interacción con las Juntas de Participación, con el fin último de mejorar las condiciones de la comunidad.

Así mismo, se otorga atribución para que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) para expedir la convocatoria en coordinación con el ayuntamiento correspondiente, antes del primero de noviembre del año de la elección constitucional.

La diputada Saldaña Guerrero informó que en la reunión, también se acordó desechar una iniciativa que pretendía reformar el artículo 8 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, porque ya se contempla en la ley las disposiciones para otorgar presupuesto suficiente para la atención de los programas tendientes a la prevención de la violencia, por lo cual se deja improcedente.